El juez instructor del ´caso Gürtel´, Antonio Pedreira, ha impuesto una fianza de 955.000 euros al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

Política- España
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, impuso hoy al diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco una fianza de 955.000 euros a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven de la investigación de la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa, informó el TSJM.

El instructor del ´caso Gürtel´ imputa al parlamentario autonómico la comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad. Asimismo, le acusa de participar en la trama dirigida por el empresario Correa, de la que habría obtenido cerca de 437.000 euros, según el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que la fianza está encaminada a garantizar la devolución del dinero que está desaparecido. Si no se deposita esta cuantía, se embargaría al diputado la cantidad final que se establezca en el recurso en el supuesto de que impugne esta decisión. En ningún caso, la fianza se ha impuesto para que eluda la prisión.

Martín Vasco acudió esta mañana a la sede del Tribunal de Madrid para comparecer en calidad de imputado, acompañado de su abogado Pedro Colino. Al igual que hizo la pasada semana, Alfonso Bosch, el diputado regional se negó a prestar declaración ante Pedreira.

En su comparecencia, se acogió a su derecho a no declarar, amparándose en el artículo 24 de la Constitución, según informó su letrado. Como hizo su compañero del PP de Madrid, Martín Vasco se negó a declarar hasta que se levante el secreto de sumario que pesa sobre las actuaciones de la causa.

A petición de las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell, el magistrado impuso al parlamentario una fianza por valor de 955.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes, si bien esta decisión judicial es susceptible de recurso.