El sistema carcelario de Uruguay pasa por una situación crítica. Tras varios motines realizados la semana pasada, la problemática tomó estado público y la gestión de Tabaré Vázquez espera hallar una pronta solución al problema de hacinamiento que se vive en la mayoría de las cárceles del país. Son varias las medidas a seguir

Hacinamiento en las cárceles

Tras los últimos disturbios ocurridos en varias cárceles de Uruguay, como consecuencia de la sobrepoblación carcelaria y las condiciones de hacinamiento que se viven en la mayoría de las prisiones del país, la gestión del presidente Tabaré Vázquez intenta implementar una serie de medidas que involucren, no sólo nuevos establecimientos destinados al sistema, sino también modificaciones al régimen penitenciario.

En este sentido, la Ministra del Interior, Daisy Tourné, anunció que se llamará a licitación pública para la construcción de nuevos centros de reclusión en el interior. La mandataria sostuvo que la licitación será a fin de construir los establecimientos, porque la administración seguirá en manos del Estado Uruguayo.

Según fuentes oficiales, 19 millones de dólares es el gasto de inversión que implicaría la construcción de un solo establecimiento. La decisión, de ser implementada, estipula la creación de más de uno, a fin de poder descongestionar las actuales cárceles que no dan a basto con los reclusos.

En lo inmediato y a fin de salir de la crisis, el gobierno de Vázquez estudia la posibilidad de ceder edificios en desuso para transformarlos en centros de reclusión temporal. En este sentido, ya habría tres unidades militares que podrían ser útiles como cárceles. “La idea, lógicamente, es que los locales sean cedidos por Defensa Nacional a Interior en calidad de un comodato provisorio”, indicó un vocero del Poder Ejecutivo.

A fin de solucionar la crisis penitenciaria, la Ministra Tourné espera lograr la aprobación del presupuesto para invertir en nuevas tecnologías, como cámaras y radares que se distribuirían en todas las cárceles del sistema.

En materia legislativa, el Frente Amplio había propuesto presentar una ley interpretativa de la actual norma de Libertad Provisoria, para que, con la nueva versión, los magistrados puedan decretar un importante número de libertades anticipadas y así descongestionar el sistema. La medida despertó polémica en Uruguay, y por el momento, el Frente Amplio no logró consenso entre sus pares