En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, explicó que en la actualidad hay un total de 730 asuntos (procedimientos judiciales y diligencias de investigación) abiertos contra partidos políticos por casos de corrupción.

 

Conde Pumpido mencionó que de ellos, 264 se refieren son procedimientos penales abiertos contra cargos públicos o políticos del PSOE y 200 contra miembros del PP. Hay también 43 causas abiertas contra miembros de Coalición Canaria, 30 contra miembros de Convergencia i Unión, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independiente Liberal (GIL), siete de Unión Mallorquina, cinco de Esquerra Republicana de Catalunya, tres del Bloque Nacionalista Galego, otros tres de PNV, uno de ANV y otro de Eusko Alkartasuna. Otras 67 investigaciones están en curso contra miembros de otros partidos de implantación local.

 

Los datos anteriores, señaló, sólo muestran “la imagen de una acción demoledora de la justicia contra la corrupción, una actuación intensa, inimaginable hace unos años”. Aseguró que “los fiscales no persiguen a los delincuentes por su afiliación política, sino por los delitos que comete”.

 

En cualquier caso, el fiscal general subrayó que en España hay “más de 66.000 concejales y alcaldes, además de diecisiete asambleas legislativas autonómicas, otros tantos Gobiernos autonómicos, además de los órganos centrales del Estado”. Con esas cifras, destacó que “no llega al uno por ciento el número de los responsables públicos de este país que en su vida han hecho algo que merezca la sospecha de un juez o un fiscal”.

 

El fiscal general opinó que no se puede decir que en la actualidad la corrupción es “un fenómeno generalizado”, sino más bien que “ahora más que nunca, las alarmas y los resortes del estado de derecho están funcionando correctamente, como nunca antes había funcionado”.