Cuatro asociaciones de inmigrantes en España anunciaron que acudirán ante el Tribunal Constitucional para denunciar la ilegalidad de las medidas que el ayuntamiento de Vic planea imponer y que, básicamente, consisten en negar el empadronamiento a “sin papeles”.

 

Rumiñahui, Aculco, Vomade y Ari-Perú denuncian lo que consideran una “irresponsable manipulación” de la Ley de Extranjería y de la Ley Reguladora a las Bases del Régimen Local “con fines meramente electoralistas y que rayan en prácticas racistas y xenófobas”.

 

Las asociaciones de inmigrantes afirman que “impedir el empadronamiento de personas que se hallan en situación administrativa irregular se considera una flagrante violación de los derechos constitucionales y bordea toda ilegalidad jurídica. Las leyes antes mencionadas obligan a los ayuntamientos a empadronar a todos los vecinos independientemente de su situación administrativa.”

 

También recalcan que la decisión de no empadronar a inmigrantes irregulares tendrá consecuencias en aspectos y derechos tan básicos como la salud y educación. Destacan que sin un certificado de empadronamiento no se puede acceder a la tarjeta sanitaria ni a la escolarización, privando así de dos derechos fundamentales.

 

Además, subrayan, dificultará los procedimientos legales disponibles y las oportunidades de desarrollo, porque complicaría trámites básicos para obtener la residencia legal en el país (arraigo).