Visto lo que pasó con el Alakrana. El gobierno español ha determinado un ferreo control sobre la información del secuestro de los españoles en Mauritania por, presuntamente, Al Quaeda.

En este caso lo tiene más fácil, pues cuenta con la colaboración estrecha de la ONG Acción Solidaria, muy vinculada al Ayuntamiento barcelonés y al propio gobierno. Otra cosa son las familias. Guardan silencio de momento y están siendo informados directamente por el Ministerio de Exteriores y la propia ONG. Tienen que estar pasando un calvario.

Los medios de comunicación se mueven tímidos y es al cumplirse un mes cuando empiezan a conocerse algunos datos. Hoy sabemos que un español pudiera estar herido y que se han producido algunos contactos con los secuestradores, pero nadie asegura que existan ya negociaciones formales. Es también mera suposición la reivindicación de los delicuentes que han perpetrado el secuestro. ¿Conviene al ejecutivo que este secuestro se enmarque en el complicado esquema del terrorismo internacional para imponer discreción y razones de estado?

Se habla de dinero pero también de la exigencia de liberación de presuntos terroristas detenidos en el Magreb. Nada confirmado. Otras fuentes aseguran que todo es fruto de una desinformación calculada y que al final la cuestión importante vuelve a ser la del dinero, habida cuenta de los precedentes creados por el propio gobierno español. Zapatero no quiere empezar su presidencia de la UE con este asunto en la mesa