La Asociación de Internautas (AI) anunció que la sección primera de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo por conflicto de intereses que interpuso contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. La queja gira entorno a su nombramiento.

 

La asociación explica que con la aceptación se pone fin a la vía administrativa y da comienzo al proceso en los tribunales de justicia el cual, asegura, espera que “prospere” antes de que González-Sinde “ya no sea ministra, pues el recurso habrá perdido su objeto, el Gobierno habrá ganado y la Asociación de Internautas habrá perdido”.

 

El recurso había sido presentado este 3 de junio de 2009 en la Oficina de Conflicto de Intereses por entender que existe un conflicto de intereses privado con el cargo público de Ángeles González-Sinde. La asociación destacaba que, como publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE), la ministra autorizó “diversas ayudas a la industria cinematográfica, por un valor total de 8.000.000 euros. Posteriormente la denuncia fue ampliada hasta en dos ocasiones por persistir en dicha actitud”.

 

La AI recuerda que el 28 de julio “la Oficina de Conflicto de Intereses rechazó de plano la denuncia, que hacían papel mojado las promesas del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando en el primer año de legislatura adoptó una serie de medidas tendentes a la proclamación de los principios que debían regir las actuaciones del Gobierno, principios que no solo debían de ser éticos sino jurídicamente exigibles”.

 

Apunta que el Consejo de Ministros, en su reunión del 18 de febrero de 2005 adoptó un acuerdo por el que se aprobaba el “Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la administración general del Estado”. En ese texto se define que por conflicto de intereses se debe entender que existe “cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas”.

 

En ese sentido, la Asociación de Internautas recuerda que el objeto de la denuncia es “la existencia de una situación de conflicto que pone en riesgo la imparcialidad de la actual ministra de Cultura, y por lo tanto, tiene la obligación de inhibirse” y aclara que “en ningún caso” afirman “que haya realizado actos en beneficio propio, o de sus parientes”. Añade que “si así fuese estaríamos en un supuesto cuanto menos de prevaricación, de tráfico de influencias o de corrupción, algo que excede el ámbito de la presente denuncia y corresponde a la Sala II del Tribunal Supremo”.

 

Finalmente, destaca que “la condena, aunque sea moral, puede tener un valor edificante y regenerador de la vida pública para los muchos que creemos en el buen Gobierno frente a los pocos, que con su desmesura y charlatanería pretenden aniquilarlo.”