Un juez del Reino Unido ha dictado una orden de embargo contra los trece aviones de Air Comet que tiene como base Irlanda y pertenecen a la compañía Astra y Marsans. La aerolínea afronta el impago de un crédito de 17,2 millones de euros al banco alemán Nord Bank. Fue esa institución bancaria la que presentó una demanda judicial.

 

La venta de billetes de Air Comet se ha paralizado desde el sábado pasado ante la imposibilidad de operar y hacer frente al gasto de carburantes.

 

Ante esa situación y de acuerdo con fuentes sindicales, la dirección de la empresa presentará un Expediente Regulador de Empleo que afectará a los 640 trabajadores de su plantilla. Además, explicaron, iniciarán los trámites para presentar un concurso voluntario de acreedores. La deuda derivada del embargo de su flota que asciende a unos catorce millones de euros. Además, Caja Madrid le exige el pago de dos créditos por valor de 26,5 millones de euros bajo amenaza de embargo.

 

De acuerdo con la agencia de noticias Europa Press, los dos comités de huelga, integrados por representantes del colectivo de Estructura y Vuelo (pilotos, mantenimiento y oficinas) y de “handling” solicitaron reunirse con la dirección de la aerolínea, para pedirles una vez más garantías suficientes para el cobro de las nóminas atrasadas, hasta seis meses en algunos casos, una vez que los trabajadores constataron que “sólo se han cobrado algunos pagarés”.

 

Y es que los propietarios de la aerolínea, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, se han comprometido a cubrir los salarios los días 21 y 30 de este mes. No obstante, fuentes de la compañía, que reconocieron la “inquietud” existente entre los 640 trabajadores que conforman la plantilla, explicaron que algunos talones necesitan veinticuatro horas para ser efectivos.

 

Además, Air Comet solicitó ya a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), dependiente del Ministerio de Fomento, que interceda para poder dar salida a los pasajeros que ya han contratado un vuelo con la compañía ante la inmovilización de los aviones por mandato judicial. Esa decisión podría afectar, sólo en España, a unos 1.500 pasajeros con destino a varios países de Latinoamérica.

 

En una entrevista concedida al periódico El Mundo, Díaz Ferrán aseguró que no renunciará a la presidencia de la CEOE (Confederación Española de Organización Empresariales) porque, afirmó, la crítica situación de su empresa le hace comprender mucho mejor por lo que están atravesando varios empresarios españoles.

 

Su objetivo, sostuvo, es “más que nunca buscar desde la CEOE soluciones para todos, especialmente para los que tienen dificultades de financiación para que no tengan que cerrar más empresas.”