Por 185 votos a favor y cuatro abstenciones, el pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España. En contra han votado los diputados del PP, IU-ERC-ICV y UPyD, mientras que a favor lo han hecho PSOE, CiU, Coalición Canaria y el PNV.

 

Al debate parlamentario, aunque desde la tribuna de invitados, acudió la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí. En declaraciones a los periodistas dijo que el resultado es una “ley moderna, integradora, que apuesta por la integración, refuerza la eficacia de la lucha contra la inmigración clandestina y apuesta claramente por el orden, el control y la legalidad”. También, expresó la “satisfacción del Gobierno por el respaldo que ha tenido la ley y que ha puesto de manifiesto su voluntad de diálogo”.

 

Adelantó que el Gobierno socialista “ya está trabajando” en la elaboración de un Reglamento de Extranjería acorde con las modificaciones incorporadas en la reforma.

 

En su turno, el portavoz del PP de inmigración, Rafael Hernando, dijo que su partido llega al poder modificará la ley porque “no se ha contado” con su opinión para elaborarla. De las 63 enmiendas planteadas, explicó, “sólo una” ha sido incorporada y por ello, “es una reforma cosmética, continuista con la política de estos últimos cinco años, que ha convertido la inmigración en el tercer problema de los ciudadanos”.

 

Al fundamentar su negativa, el grupo de IU-ICV-ERC, el diputado Joan Herrea explicó que la reforma no recoge una reforma del Código Civil que permita nacionalizarse en menos de diez años a los extranjeros no latinoamericanos y no incluye el derecho a voto de los ciudadanos no procedentes de la UE en los comicios municipales.

 

Desde CiU y Coalición Canaria, se destacó que los “avances” de un texto al que se han incorporado cerca de trescientas enmiendas durante la tramitación parlamentaria. También destacan la consolidación en la Ley de Extranjería de las competencias sobre los permisos de trabajo y la integración que recogen los estatutos de autonomía de regiones como Cataluña y Andalucía.

Entre otras novedades, la reforma recoge la ampliación a sesenta días del plazo máximo que un extranjero puede ser retenido en un centro mientras se tramita su expulsión, el reconocimiento de permisos de residencia y trabajo para las víctimas extranjeras de violencia machista en situación irregular, la potestad de las autonomías para transferir la tutela de los menores en desamparo a organizaciones no gubernamentales y entidades privadas y la restricción de la reagrupación familiar al cónyuge o análogo e hijos.