El Gobierno socialista, mediante el último Consejo de Ministros, ha aprobado el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que incluye, entre otros puntos polémicos, la posibilidad de que una página de internet pueda ser cerrada mediante un doble procedimiento administrativo y judicial, tras una denuncia ante el Ministerio de Cultura por violar derechos de autor mediante la descarga no autorizada de contenidos protegidos.

 

De acuerdo con la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, las modificaciones legales aprobadas, que incluyen reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han sido el modelo elegido por el Gobierno para atajar el problema de las descargas que vulneren los derechos de autor en internet.

 

Para actuar contra quienes violen derechos de autor en internet, el Gobierno echará mano a un “sistema mixto”. El procedimiento, destacó, arrancará cuando el titular de derechos de autor que considere que su obra está siendo explotada sin licencia presente una denuncia ante la sección segunda (que se creará a tal efecto) de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura.

La comisión tendrá que poner esas quejas en conocimiento, primero, del titular de la página, advirtiéndole de lo que ocurre. Y, en segundo lugar, si la web no rectifica, en conocimiento del juez para que éste autorice el bloqueo del acceso a esa página de internet.

 

Esa instancia analizará el caso lo remitirá a un juez de la Audiencia Nacional de lo contencioso-administrativo, el cual tendrá un plazo de cuatro días para autorizar el bloqueo de esos contenidos concretos.

 

Según la ministra de Cultura, esa es “una propuesta equilibrada” desarrollada en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que el Consejo de Ministros ha remitido este mismo viernes a los órganos consultivos. La medida pretende armonizar, dijo la ministra, los derechos de todos, "de los ciudadanos como usuarios de la red y de quienes viven de la cultura".

 

González-Sinde destacó que con la medida se luchará “contra quienes se enriquecen ilegalmente y se aprovechan de otros. La administración y los jueces, que deberán decidir rápidamente, tienen cada uno su papel en este proceso.

Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, también explicaron los alcances del anteproyecto que incluirá un artículo, el 122 de la Ley Reguladora de la jurisdicción Contencioso Administrativa, que dará “eficacia y máximas garantías” al proceso.

Caamaño explicó que el procedimiento descansa sobre “una pieza clave: la autorización judicial previa para poder adoptar medidas de bloqueo respecto de webs o cualquier otro lugar donde se produzcan actividades que alteren alguno de estos derechos en conflicto”. Insistió en que siempre será “necesaria” la autorización judicial previa para poder tomar la decisión de bloquear una página de internet, a través de "”un procedimiento ágil que dura como máximo cuatro días y en el que el juez tiene que oír a las partes y tomar una resolución sobre si acuerda la medida o no”.