La independencia de los jueces y de los fiscales

El pasado 28 de marzo la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo ha parado los pies a Delgado, La Fiscal General, al establecer que el caso del contrato de compra de material sanitario para la Comunidad de Madrid debe quedar en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Lo interesante del asunto es que la Junta de Fiscales ha entregado un escrito a Delgado pidiéndole que se aparte de la investigación por su procedencia política. Desde que Dolores Delgado fue nombrada Fiscal general del Estado, a los pocos días de salir del Gobierno, todas sus decisiones están acompañadas de una sombra de duda. La independencia de los jueces y de los fiscales es esencial para mantener la calidad de un sistema democrático. Pero parece que el Gobierno de Sánchez no lo entiende, y con eso, en mi modesta opinión, hace mucho daño a la imagen de España.

La atención primaria se debe mejorar

Por ejemplo en mi caso: hace dos años y medio que estoy tomando 10 medicamentos cada día, me los recetaron en el hospital tras la recuperación de un infarto, cuando necesito un medicamento voy a la farmacia y con la cartilla sanitaria me los facilitan. Durante todo este periodo estoy sin médico de cabecera, o al menos no se quien es, llamo al CAP y me renuevan electrónicamente la receta pero no me dan el nombre de ningún médico con quien ponerme en contacto, así llevo más de dos años. Parece claro que esto debe mejorar, pero también está claro que hacen falta propuestas viables más que proclamas ideológicas. Y también es conveniente la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada en el campo sanitario, como sucede en los principales países de nuestro entorno. Lo llamativo es que quien gobierna España es una coalición de izquierdas que, se supone, hace de la defensa de lo público una seña de identidad. Sin embargo, eso es una falacia cuando se examina la marcha de la economía, jalonada de parches, improvisaciones y demoras, en detrimento de lo realmente público: la atención al bien común, sin plegarse a absurdas contraposiciones ideológicas.

¿Hará todo lo posible?

Escasos minutos después de conocerse que la inflación estaba, hace unos días, ya en el 9,8%, la peor cifra desde 1985, Pedro Sánchez prometía en el Congreso que hará todo lo posible para “doblegar la curva de los precios” contando con las medidas aprobadas en el Consejo de ministros. El presidente quería así vender que el alza de los precios se debe a los efectos de la invasión de Ucrania, pero olvida que esta escalada comenzó de forma imparable meses antes de que se iniciara la contienda. El Plan de Emergencia del Gobierno responde más al diseño de una economía intervencionista que a la necesidad de frenar el empobrecimiento acumulado de los españoles. Muestra de ello es, por ejemplo, el tope en la subida de los alquileres, que afecta a los propietarios, o la prohibición del despido con causa justa, que penaliza a los empresarios. En realidad, este plan no aborda la escalada de los precios ni la deuda sin control que ya está provocando una presión fiscal asfixiante.

La ciudad que resiste

Mariúpol, la ciudad portuaria ucraniana conocida por su industria del acero, es una ciudad sitiada. Como sucedió con otras ciudades como Grozny o Alepo, Mariúpol resiste el cerco ruso. Sus habitantes saben que el precio de su supervivencia es la rendición. Y, sin embargo, no parece que la ciudad esté dispuesta a entregarse. El castigo ruso es la destrucción. O, aún peor, el verdadero castigo es convertir en rehenes a sus ciudadanos, sembrar el terror, negarles el agua y el pan, y forzarlos a presionar a su Gobierno para que se rinda. La resistencia de Mariúpol no es romántica. Nada hay de romántico en la guerra y mucho menos cuando, como en esta, no se respetan las mínimas normas del derecho internacional humanitario. Está claro que Rusia ha optado por la destrucción.

Un nuevo orden internacional

Desde la perspectiva de un nuevo orden internacional visto desde Rusia y China, Rusia se considera legitimada para reclamar su propia área de influencia sin injerencias, maximizando sus principales activos: su poder militar y sus reservas de hidrocarburos. Reservas a las que va a añadir los yacimientos de gas del este en Ucrania, los segundos mayores de Europa después de los noruegos. La llamada del canciller alemán a Putin para garantizar la continuidad del suministro demuestra que la dependencia frente a Moscú va para largo. Y que si Occidente realmente cree en un orden internacional sometido al derecho, va a tener que hacer sacrificios para conseguirlo.