Frente al descenso en el precio del cobre observado en las últimas semanas, surge la interrogante sobre silas empresas mineras se encuentran preparadas para escenarios de bajos precios, ya que existe aproximadamente un 10% de la producción chilena con costos superiores a US$ 290 c/lb (precio estimado de largo plazo), la que, de alcanzarse ese precio, estaría en serios problemas, especialmente en el caso de las empresas de la pequeña y mediana minería.
 

Para enfrentar este ciclo bajo, la autoridad puede ayudar a las empresas tomando medidas para contener los costos y así mejorar la productividad. En particular, los temas de energía y agua son de alto impacto en los costos de los proyectos mineros. Aunque en Chile existe abundancia de agua en términos relativos al resto del mundo, su distribución es desigual. Además, en la zona norte, que es donde se desarrolla la minería, es escasa. Existen interesantes megaproyectos de traslado de agua desde zonas con abundancia, ya sea vía terrestre o submarina, pero no han avanzado.Por otro lado,los proyectos energéticos que permitirían tener el recurso a precios razonables están paralizados, algunos de ellos por razones políticas.
 

Lo anterior ha implicado que Chile ha perdido competitividad frente a otros productores, ya que dejó de estar dentro del 10% de costos más bajos en el mundo. Se estima que al menos un 30% de la producción mundial tiene ahora costos más bajos. Así, Chile se ve más afectado que sus competidores.
 

Para abordarlos aspectos que restan competitividad a la industria minera, el gobierno anterior trabajó intensamente en el desarrollo e implementación de una Agenda Pro Inversión y Competitividad que involucraba a varios sectores, entre ellos la minería, pero lamentablemente fue abandonada por el actual gobierno.

En relación a la Agenda de Energía y su impacto en la minería, cabe señalar que siempre es una buena noticia la preocupación del gobierno en un tema que es muy sensible para el sector. Sin embargo, agendas tan ambiciosas como la anunciada a veces pueden ser incluso perjudiciales, pues se pierden recursos en medidas que tienen bajo impacto en productividad.
 

Pero la mayor inquietud del sector privado no viene solo por el lado de las reformas sectoriales. Hay también un factor político que afecta las percepciones y las confianzas. Cuando se observa que la discusión ideológica prima por sobre la técnica en temas que afectan a todos los chilenos, es difícil tener una buena opinión sobre cómo se están enfrentando los temas de competitividad de la industria. Todas las metas del gobierno son de reformas para la calle, sin evaluar apropiadamente los efectos económicos negativos que tienen. Pareciera que la percepción del gobierno es que la economía es inmune a la implementación de políticas públicas erradas, pero es cosa de mirar a varios de nuestros países vecinos para saber que no es así.
 

Pero no es todo. La preocupación por algunos proyectos de ley que podrían tener un alto impacto en la competitividad del sector es real, en particular la nueva legislación del agua y de glaciares. De no ser cuidadosos con las regulaciones incluso podemos acabar con una actividad que ha contribuido históricamente con un 20% de los ingresos fiscales y un 15% del PIB nacional. Si a esto le sumamos las reformas laboral y al Código de Minería, cuyos alcances aún no conocemos, el panorama no se visualiza muy alentador para el sector.