“La participación se basa hoy, no en la utilización constante de las consultas populares, sino en las manifestaciones de las que se sirve la opinión pública, pero convertir a esa opinión pública en un complemento del sistema electoral (campañas), o en un instrumento de lucha política (encuestas), sería reducirla al papel de un simple elemento funcional del sistema político formal, anulando, al instrumentalizarla, su naturaleza civil.”

Democracia
Quien se asome a los medios de comunicación, habrá notado la frecuencia con la que la presión popular directa da lugar, en nuestros días, a cambios políticos. La propia Bolivia, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Ucrania, Togo, por citar tan sólo algunos, son ejemplo de reconducción o reformulación políticas como producto de la presión popular, cuando eran proyectos que se habían constituido por otra vía, la electoral, dando así la impresión de que pudiese existir una confrontación, o un paralelismo, de legitimidades entre la que surge de un proceso electoral libre y democrático, y la que es consecuencia de la actuación directa de la opinión pública.

Estamos pues ante dos modos de entender los mecanismos de los que la democracia se sirve: la representación y la participación. Y también estamos ante una disyuntiva perversa, ¿votos u opinión pública? ¿Son compatibles? ¿Deben priorizarse o excluirse?La lectura que primero asoma al abrir ese manual de dudas es la del aparente agotamiento del modelo democrático porque, en muchos países, no ha sido capaz de resolver los problemas del ciudadano, y la segunda es la del cansancio ante el mecanismo de la representación tomado como un cheque en blanco del votante al votado, sin más ocasión para revisar el mandato que una nueva elección al cabo de un periodo de tiempo fijo.

Ante esa situación, el ciudadano quiere una presencia mayor y continuada en la acción pública, en una especie de reedición diaria y constante del proceso electoral. La representatividad tiene la fortaleza de ser mesurable, y la debilidad de no ser de tracto sucesivo, es decir, sin una constatación inmediata de acción-reacción. La participación goza del poder de lo espontáneo y del control diario sobre el gestor público, aunque peque de volatilidad y de indeterminación, además de ser fácilmente manipulable.

El concepto de ciudadano es una suerte de ficción política del sistema democrático basado en la representación, pero el actor efectivo de la comunidad es el individuo privado, identificable y que ejerce el derecho al voto. En esos márgenes debe moverse el sistema. La participación se basa hoy, no en la utilización constante de las consultas populares, sino en las manifestaciones de las que se sirve la opinión pública, pero convertir a esa opinión pública en un complemento del sistema electoral (campañas), o en un instrumento de lucha política (encuestas), sería reducirla al papel de un simple elemento funcional del sistema político formal, anulando, al instrumentalizarla, su naturaleza civil.

Decía Gramsci que opinión pública es un concepto íntimamente ligado al de hegemonía política, convirtiéndola en el punto de encuentro entre la sociedad civil y la sociedad política, es decir, jugando un papel de intermediación que hasta ahora era coto exclusivo de los partidos.Cabe entonces preguntarse por la eventual interrelación entre opinión pública y presión popular, y por la incidencia que en esa interrelación tengan los formadores de opinión (medios) pública (gobierno).Creo que, en clave política, debe prevalecer la teoría de las tres eles: legalidad, legitimidad y lealtad.

Legalidad, porque no cabe modelar y ordenar la convivencia sin partir del perfil marcado por la Constitución, o por el instrumento que juegue ese papel; legitimidad, porque cualquiera que sea la opción, debe ser consecuencia inalterable de la voluntad de quienes ostentan la soberanía, los ciudadanos; y lealtad, porque las propuestas y su gestión deben ajustarse al compromiso entre quienes han elegido y los electos.La solución ya la comentaba con ustedes hace algunas semanas: debemos repensar la política para, armándola como instrumento, constituir los mecanismos que permitan al ciudadano disfrutar de cuotas, cada vez mayores, de desarrollo y libertad.

Fuente: LA PRENSA – BOLIVIA