De acuerdo con la versión del periódico El Mundo, la vicepresidente primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró a varios periodistas después de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que cambiará la disposición incluida en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible por la que se autoriza a una comisión del Gobierno a cerrar webs que violen los derechos de propiedad intelectual sin autorización judicial.

 

Durante la rueda de prensa, Fernández de la Vega aseguró que el Gobierno respalda a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y a su equipo que este jueves, durante una reunión con destacados internautas aseguró que no se iba a cambiar la polémica disposición. Pero, horas más tarde, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que no se iba a cerrar ninguna página de internet. Esas palabras, aseguró De la Vega, “no suponen en absoluto una desautorización a la ministra”.

 

Declaró que “ésta es una iniciativa del Gobierno y no sólo del Ministerio de Cultura, que por cierto, es lógico que defienda la creación intelectual y sus derechos. Es su tarea y una tarea que el presidente está convencido que la ministra está llevando adelante acertadamente”.

 

La vicepresidenta quiso “aclarar y reiterar” la posición que expresó Zapatero. Así, insistió en que el Gobierno es “sensible” tanto a las reivindicaciones de los creadores como de los internautas. “Unos y otros son, ante todo, ciudadanos. Desde luego que el Gobierno tiene que garantizar y armonizar los derechos de unos y otros”, precisó.

 

Aseguró que se está debatiendo un “tema complejo, con muchos planos de debate que abordaremos en su conjunto y también de manera especial” tanto en España como durante la presidencia de la Unión Europea.

 

De la Vega dijo que para llegar a la solución armonizada que quiere el Ejecutivo “es imprescindible defender la propiedad intelectual en la red, pero puede ser perfectamente compatible con los derechos de los usuarios” de internet.

 

De todos modos, recordó que la polémica disposición es “un anteproyecto” que deberá someterse a debate, información y conformación, y “que terminará con una posición donde estudiaremos todo: si tiene o no que haber una decisión administrativa y con qué garantías o cuál es el momento de la intervención judicial. Es decir todas las cuestiones que concurren en este tema”.