Lo cierto es que el mejor negocio que ha hecho el país es la inversión en seguridad. Eso le ha representado muchos dividendos a Colombia en todos los frentes económicos, social, político e institucional

Uribe tiene que salir a buscar fondos
Tras el reciente anuncio del gobierno estadounidense sobre recortar la ayuda a Colombia para combatir el narcotráfico y los grupos terroristas, el gobierno colombiano está estudiando la posibilidad de hacer permanente el impuesto al patrimonio de los colombianos para financiar las políticas de seguridad y defensa, y así contar con recursos previsibles a largo plazo para darle continuidad a las políticas de seguridad, asumir las responsabilidades por el conflicto interno y depender menos de la ayuda norteamericana. Sin embargo, diferentes sectores creen inconveniente extender impuestos en medio de la crisis económica y proponen otras fórmulas.

Las políticas de seguridad y defensa en Colombia giran en torno a la política de “seguridad democrática” propuesta por el presidente Álvaro Uribe Vélez, la cual propone la necesidad de fortalecer las actividades y presencia de los órganos de seguridad a lo largo del territorio nacional, y a su vez, plantea un papel más activo no sólo de los órganos de seguridad, sino también de la sociedad colombiana para obtener un mayor éxito militar en la lucha contra los grupos insurgentes.

Desde el 2002 el gobierno colombiano recauda impuestos al patrimonio de los ciudadanos más pudientes para financiar gastos de seguridad. En el 2006 fue aprobada en el Congreso, una reforma tributaria por la que todas las personas poseedoras de patrimonios líquidos fiscales superiores a los $1´000.000 euros, serían las únicas que responderían por el tributo a lo largo de los años 2007, 2008, 2009 y 2010. Teniendo en cuenta que el pago tiene vigencia hasta el 2010, muchos sectores han reclamado sobre las necesidades de crear mecanismos para que las Fuerzas Militares colombianas sigan recibiendo estos ingresos.
 
Duro golpe de Obama a la lucha contra el terrorismo

Uribe Vélez anunció que hay que pensar, una vez terminen de ejecutarse estos recursos extraordinarios, cómo tener una renta permanente para seguir financiando la seguridad y poder derrotar las raíces del terrorismo en el país. La idea fue respaldada por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien dijo que el país no puede seguir con impuestos ocasionales para financiar la seguridad democrática.

A finales de abril, el presidente del GrupoAval, el mayor consorcio financiero del país, Luis Carlos Sarmiento, propuso que el impuesto para la seguridad democrática debería cobrarse de manera proporcional a todos los colombianos y que debe convertirse en un punto permanente en la legislación. “Así como todos contribuimos con el impuesto de educación y salud, el servicio de seguridad y defensa es igualmente importante”, afirmó Sarmiento. Uribe pareció darle la razón al banquero al anotar que la seguridad democrática se debe financiar como cualquier otro gasto del presupuesto general. Ante la posibilidad de que este impuesto sea prologado después del 2010 y que también le sea cobrado a todos los colombianos y no sólo a los grandes empresarios, se ha despertado en las personalidades de la política nacional una reacción generalmente negativa.

El ex ministro de hacienda, Juan Camilo Restrepo, dijo que antes de extender el impuesto al patrimonio para financiar el gasto militar, el gobierno debe explicar en qué se gastaron estos dineros, para así juzgar si es justificable o no destinar más impuestos para la defensa y la seguridad. Además, manifestó que sería un error volver permanente un impuesto que financie la seguridad democrática, porque eso desalienta el ahorro empresarial y llama al fraude contable. Mientras tanto, el ex ministro de Agricultura y precandidato del Partido Conservador, Andrés Felipe Arias, dijo que no se puede aflojar en materia de seguridad y que se debe hacer un esfuerzo económico para sostener el gasto militar; aunque reconoció que ese esfuerzo debe recaer sobre los grandes capitales.

La ex ministra de Defensa y precandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez, quien participó en la creación de la política de seguridad democrática, cuestionó la necesidad de más recursos para la defensa y advirtió que se debe invertir en educación, salud e infraestructura, para prolongar el éxito de la seguridad. Pese a que la balanza se inclina hacia lo negativo, es importante que el gobierno colombiano y sus instituciones tengan en cuenta que contar con rentas a largo plazo le da confianza a los ciudadanos sobre el éxito de la implementación de una política pública. Además, la política de Seguridad Democrática ha permitido asestar duros golpes a los grupos al margen de la ley y ha permitido la confianza inversionista, lo que contribuye en aspectos económicos y sociales del país. No obstante, es conveniente que el estado colombiano reflexiones sobre los niveles de ingreso de los contribuyentes, donde unos pueden pagar el impuesto y otros no, gravando a los colombianos que reciben mas de $ 1´000.000 euros y exime al resto. Es por lo tanto, pertinente continuar con las reglas de recaudo que han sido empleadas desde el 2002 y evitar que se convierta en un impuesto regresivo permanente.

Lo cierto es que el mejor negocio que ha hecho el país es la inversión en seguridad. Eso le ha representado muchos dividendos a Colombia en todos los frentes económicos, social, político e institucional y es la obligación de todos abrir un debate sobre cuál es la manera más adecuada para garantizar su continuidad en el mediano plazo y su adecuado financiamiento.

Así mismo, es necesario analizar el contexto económico para que la inversión en seguridad no sea contraproducente para la recuperación económica, pues la mayoría de los países reducen los impuestos en sus planes anticíclicos.