Política

El “Plan Almunia” para reformar el pacto de Estabilidad (PEC)

La propuesta del comisario Joaquín Almunia para reformar el PEC, y su aprobación por la Comisión Europea el 3 de septiembre pasado, es un intento de legitimar a posteriori las infracciones cometidas por los países mencionados.

Relaciones Internacionales
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea (PEC), acordado por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE-15, en la cumbre de Amsterdam en 1997, ha perdido credibilidad. Durante los últimos años se ha atentado contra él desde tres flancos: el ex Presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, lo tachó públicamente de “imperfecto y estúpido”; los actuales gobiernos de los tres grandes países miembros de la zona euro (Alemania, Francia, Italia), al no estar dispuestos a corregir sus abultados déficit públicos; y los ex gobiernos (socialistas) de países pequeños (Grecia, Portugal), cuando han manipulado sus cuentas públicas mediante formas ingeniosas de contabilidad creativa.

Ahora, la propuesta del comisario Joaquín Almunia para reformar el PEC, y su aprobación por la Comisión Europea el 3 de septiembre pasado, es un intento de legitimar a posteriori las infracciones cometidas por los países mencionados. De ahí que, cuando tuvieron conocimiento del plan de reformas, los ministros de finanzas alemán y francés se mostraran tan satisfechos.

Los argumentos expuestos para la reforma del PEC son a todas luces inconsistentes. No es verdad que el techo establecido para el déficit público (3% del PIB) y la deuda pendiente (60% del PIB) impidan una política fiscal anticíclica. Cuando una economía entra en recesión, los presupuestos estatales, si previamente han estado equilibrados, contienen un enorme margen (miles de millones de euros) para apoyar la demanda agregada mediante los “estabilizadores automáticos”, que actúan por el lado de los ingresos tributarios (los disminuyen) y del gasto (lo aumenta).

No es verdad que el PEC quite a los Gobiernos y a los parlamentos nacionales las facultades centrales para la configuración de los presupuestos. Por el contrario, cada país es muy dueño de decidir, según las preferencias expresadas en las urnas de su sociedad, si quiere un sector público grande o pequeño, si quiere mucho o poco gasto consuntivo (o de inversión), si quiere una presión fiscal alta o baja, a través de impuestos directos o de indirectos o si quiere un Estado del Bienestar amplio o reducido. Lo que exige el PEC es una financiación sólida y sostenible en el tiempo. Tampoco es verdad que la consolidación presupuestaria frene el crecimiento de la economía y aumente el paro; la literatura de la macroeconomía moderna dice todo lo contrario y hace hincapié en el “efecto confianza” en los mercados, que supera los posibles efectos contractivos causados por la reducción del gasto público. Esta hipótesis viene avalada por la experiencia de determinados países europeos que pusieron orden en sus cuentas públicas, como Dinamarca (1983-1986), Irlanda (1987-1989), Finlandia (1895-2000), Suecia (1996-1998) y España (1996-2003).

Es sorprendente que el gobierno rojiverde alemán crea que la debilidad persistente de la demanda interior haya que combatirla con más gasto y más déficit, cuando esto es precisamente lo que se ha venido haciendo en los últimos años (desde 2002, violando el PEC), sin haber resuelto la crisis de crecimiento y de elevado paro que padece el país desde un tiempo a esta parte. Recetas keynesianas, adoptadas con el fin de estimular la demanda, son absolutamente ineficaces en una economía como la alemana, plagada de notorias rigideces y distorsiones estructurales en el mercado de trabajo, el sistema tributario y la seguridad social, entre otros.

¿A dónde nos llevarán las reformas del Plan Almunia? Me temo que el Plan Almunia no nos llevará a buen puerto, pues deja demasiados cabos sueltos. Por ejemplo, prevé que los países arrojen superávit presupuestarios en períodos de expansión económica, pero extiende los plazos para corregir los déficit sin precisar fechas. Además, propone que se tengan en cuenta las “circunstancias especiales” de cada país en el momento de evaluar la situación presupuestaria, pero es poco claro en cuanto a la definición de los criterios que se añadirán a los que ya tiene previsto el PEC (una fuerte recesión económica o una catástrofe natural con graves repercusiones financieras para el país afectado). Y por si fuera poco, el Plan mantiene el mecanismo de sanciones en caso de infracción, pero no subsana el problema básico de que los países infractores participan con voz y voto en las decisiones del Ecofin sobre las medidas a adoptar. Lo que puede impedir, mediante las coaliciones oportunas, que la Comisión Europea ponga en marcha los mecanismos por déficit excesivo que contempla el PEC (como ya ha ocurrido en el pasado más de una vez y siempre con Alemania por medio).

De este modo, el Plan Almunia prepara el camino para un Pacto “a la carta”, frente al cual cada gobierno interpretará las cosas como mejor le parezca. En situaciones concretas de desequilibrio presupuestario, la Comisión Europea podrá recomendar lo que quiera, pero el gobierno en cuestión no le hará caso si piensa que no ha llegado el momento para enderezar el rumbo de su política fiscal. De poco sirve que el comisario Almunia prometa que seguirán en vigor los valores máximos para el déficit y la deuda públicos. Los agentes económicos no se dejarán engañar; incorporarán primas de riesgo en los tipos de interés a largo plazo, lo que afectará negativamente la actividad económica en todos los países de la zona del euro, incluidos aquellos que respetan las normas del PEC.

La estabilidad macroeconómica es una condición sine qua non para elevar el potencial de crecimiento de la producción y de creación de empleos en la UE, tal y como nos ha sido prometido por el Consejo Europeo al son del “proceso de Lisboa”. Ello implica una política presupuestaria que sea sostenible en el tiempo y compatible con la política de estabilidad de precios encomendada al Banco Central Europeo.

El Plan Almunia lanza un mensaje equivocado a la opinión pública: se impondrá la disciplina fiscal en los países miembros aunque se abran de par en par las puertas a la discrecionalidad en la futura aplicación del PEC. Esto es perjudicial para el buen funcionamiento de la unión monetaria. Los Gobiernos con sentido de la responsabilidad deben rechazar la llamada reforma y resucitar el antiguo espíritu del PEC, apostando por políticas presupuestarias sujetas a reglas de conducta claras y transparentes y, por consiguiente, creíbles para los agentes económicos.

Fuente: Fundación FAES

// OTROS TEMAS QUE TE PUEDEN INTERESAR

// EN PORTADA

// LO MÁS LEÍDO

// MÁS DEL AUTOR/A

No se encontraron resultados

Menú