Cospedal confirmó que su partido presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del aborto aprobada por la izquierda en el Congreso de los Diputados. La propuesta, dice, es inconstitucional y no sienta un equilibrio “entre los derechos de la madre y del no nacido”.
Aprobada por la izquierda en el Congreso
En una conferencia de prensa celebrada en Toledo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró que desde la perspectiva de su partido, la reforma a la ley del aborto -cuyas enmiendas fueron rechazadas con el voto mayoritario de los grupos de izquierda en su primer trámite parlamentario- es inconstitucional en los términos en los que está siendo planteada.
Por ello, anunció que el PP “actuará en consecuencia” y avanzó que impugnará la ley ante el Tribunal Constitucional después de que fuera aprobada en los términos en los que ha llegado al Congreso de los Diputados. “Si esta ley sale así plantearemos el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional, que es el máximo representante a la hora de interpretar nuestra Constitución. Es lo que tenemos que hacer y estaremos a lo que diga el TC”, aseveró.
De Cospedal explicó que el PP sostiene que la actual regulación del aborto está avalada por la sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional, que ha sentado un “equilibrio entre los derechos de la madre y del no nacido”.
Los “populares” afirman que el sistema de plazos que establece la nueva ley no tiene cabida en el ordenamiento jurídico español, porque desprotege totalmente al no nacido durante las primeras catorce semanas de gestación y no establece suficientes mecanismos que garanticen el cumplimiento de la legalidad.
Mientras Cospedal ofrecía esas declaraciones, en el pleno del Congreso se llevaba a cabo la votación a las enmiendas presentadas por el PP, CIU, UPN y UPyD para devolver la propuesta al Gobierno. El PSOE no tuvo problemas y 183 diputados de partidos de izquierda y del PNV sufragaron en contra.
El proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo establece el aborto libre hasta la semana catorce de gestación y permite a las chicas de dieciséis años decidir al respecto, sin contar con la opinión de los padres. La propuesta modifica la legislación vigente desde 1985 y que debería ser compatible con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional. Además, considera el aborto como un “derecho” de las mujeres, por lo que será derogado ese delito del Código Penal.
Tras el trámite de este jueves, el Gobierno aceptará la propuesta de los grupos de izquierda de subvencionar los anticonceptivos para la mujer y regular la objeción de conciencia. Con el PNV, los socialistas negociarán el aspecto más polémico: el del aborto a los dieciséis años sin consultar a sus padres.
Precisamente, la ministra de Igualdad,
Bibiana Aído, aseguró desde el pleno y al inicio del debate que durante la tramitación de su propuesta se intentará
“encontrar un punto de equilibrio” en ese aspecto. De esta manera, se abre la posibilidad para que sea modificado ese punto polémico.
Por su parte, la portavoz de Igualdad del PP, Sandra Moneo, acusó al Gobierno de querer “imponer un sistema de aborto libre en contra de la voluntad mayoritaria de la sociedad”. En este sentido, citó que se han hecho “múltiples objeciones no siempre tenidas en cuenta” y volvió a recriminar al Ejecutivo que haya sacado adelante el proyecto “en contra de importantes expertos, juristas, académicos y de la sociedad civil”. Así, recomendó que “en vez de trazar el camino hacia el aborto” a las mujeres “apuesten por la vida y por la maternidad, todo lo contrario que hace su proyecto de ley”.
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