Avanza en el Congreso una nueva ley antiempresa. El proyecto, que aguarda ser aprobado por la Cámara de Diputados, está destinado a impedir el despido o sanción de empleados que sean testigos en un litigio laboral. La medida, que es una nueva muestra de la intromisión estatal en la esfera privada, esconde la “provocación” a los trabajadores a testificar contra las empresas casi impunemente, ya que no se considera el falso testimonio

Políticas Públicas
El proyecto presentado por los diputados kirchneristas Héctor Recalde y Miguel Bonaso, está listo para ser aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación. La norma que congelaría por un año todos los despidos y sanciones a los empleados que testifiquen contra las empresas en juicios laborales, ya obtuvo dictamen de la Comisión de Justicia luego de haber avanzado también con éxito en la Comisión de Legislación Laboral.

El artículo 1 del polémico proyecto establece que “Los testigos ofrecidos por las partes en juicios laborales que se encontraren prestando servicios para la empresa demandada no podrán ser despedidos, suspendidos, ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía aquí prevista”.

La futura norma, que es una clara intromisión a la esfera privada de una empresa, sin desconocer que también es un desmotivación más a las inversiones extranjeras, esconde la verdadera medida que trata de impulsar la gestión del presidente Néstor Kirchner: incitar a los trabajadores a testificar contra las empresas, que como la norma en cuestión no estipula las figuras de falso testimonio, y mucho menos contempla el derecho del empleador a sancionar a sus trabajadores, este testimonio puede ser completamente impune, y sin ningún tipo de consecuencias.

El artículo 2 de la invasora ley, va aun más allá y establece que “la violación por parte del empleador de la garantía establecida en el artículo 1º de la presente ley otorgará derecho al afectado a demandar judicialmente, por vía sumarísima, la reinstalación en su puesto, con más los salarios caídos durante la tramitación judicial o el restablecimiento de las condiciones de trabajo”.

De ser aprobada la norma, el circo criollo del sur, no hará más que incrementar la desconfianza en cuanto al ingreso de inversiones productivas, a la vez que dará paso a una “nueva industria del juicio” contra las empresas.