El Instituto Peruano de Economía indica que grandes porciones de la población peruana, como por ejemplo, el sector informal que constata 10 millones de trabajadores, continúan fuera del sistema privado de pensiones, el cual ha generado mayores beneficios para sus afiliados.

Instituto Peruano de Economía
Hay nueve casos de desafiliación (de las Adminitradoras de Fondos Privados—AFP´s) que fueron analizados y sólo esperan el voto. La decisión del Tribunal Constitucional (TC) sentó jurisprudencia y abre las puertas para otras desafiliaciones. Se espera que el Congreso dictamine el tema.

A 14 años de creado y al éxito alcanzado, el Sistema Privado de Pensiones (SPP) aún necesita ser fortalecido. Un primer paso ha sido la ampliación del límite de inversión del fondo en el exterior, lo que permite obtener tasas de retorno altas con riesgo diversificado. El segundo paso es resolver de una vez el problema de los afiliados que, aún cumpliendo los requisitos de ley para acceder a una pensión mínima, fueron marginados por los propios legisladores que hoy se rasgan las vestiduras con el cuento de la libre desafiliación. Y el tercero debe ser incorporar en el sistema previsional a esa gran masa de gente que aún no tiene derecho a pensión. Ese es el tema de fondo y la parte difícil, de la que pocos quieren hablar.

Actualmente, la ley garantiza una pensión mínima a aquellos cuya cuenta individual de capitalización (CIC) no les alcanza. Para ello, el gobierno emite un bono complementario y se lo da a la AFP. Pero la ley dejó a 3 grupos fuera del sistema: jubilados entre 1993 y 2002 que cumplen los requisitos para acceder a la pensión mínima pero quedaron fuera de las leyes 27617 y 27252; trabajadores bajo dichas leyes cuyas pensiones en el Sistema Nacional de Pensiones del Perú (SNP) serían mayores que en el SPP; trabajadores de empresas quebradas o desaparecidas cuyos aportes no son reconocidos por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) (la desafiliación no les soluciona el problema pues igual la ONP no les reconocería los aportes que supuestamente hicieron). El total de estos grupos no supera las 20.000 personas. La República señala que hay más de 300 juicios por desafiliación. Otra vez, son pocos y son perfectamente identificables. Por tanto, podrían ser tratados individualmente, para concentrarnos en encontrar la forma de incluir a los informales en el sistema previsional. Son casi 10 millones de peruanos los que están fuera de él.

Por ello, en el tema de la libre desafiliación, la propuesta para que una comisión integrada por miembros del Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) evalúe y determine a quién le conviene cuál sistema (donde recibiría una pensión más alta) es la adecuada. Ampliar la cobertura es más urgente aún, si consideramos que menos de la mitad de afiliados al SPP (12% de la PEA) aporta efectivamente al SPP. Y como es evidente que la formalidad del empleo está directamente vinculada con la rigidez y los sobrecostos laborales, pues es hora de que se busque una solución integral. Si no, los peruanos del futuro no sólo tendrán que asumir un enorme costo previsional, sino que además deberán cargar sobre sus hombros con serios problemas de indigencia y pobreza.

En el Perú, el 80% de afiliados al SPP cuenta todavía con 20 años o más para incrementar su CIC y, así, acceder a una pensión por encima de la mínima. Lo preocupante de la situación es que la solución concreta al problema de la cobertura del sistema previsional brilla por su ausencia.