La divisa de las antiguas cámaras de notarios decía en un latín entendible que lex est quod notamus, lo que escribimos es ley. ¿Hay palabras más solventes que las que escribe un notario cuando da fe de una realidad concreta? El notario ha sido el custodio de los intereses jurídicos de todos durante generaciones y generaciones. No hace leyes ni las sugiere. Deja constancia.

Hemos hablado muchas veces de ello con López Burniol y en su tiempo lo tratamos con el inolvidable Puig Salellas. Catalunya ha producido juristas de gran calidad que han ordenado el país con racionalidad y sentido común. Las pisadas de Roma se encuentran todavía hoy en las antiguas calzadas, en la delimitación de las fincas, en las masías, en los derechos de paso y en la distribución y canalización de las aguas. Una sociedad progresa cuando el derecho se impone de forma natural sin que haya que acogerse a leyes aprobadas para resolver casos concretos o para ir en contra de grupos sociales determinados.

En sus crónicas de la ultramodernidad, José Antonio Marina afirma que “cuando una sociedad pierde sus puntos de referencia, cuando los valores compartidos, y sobre todo una definición elemental del bien y el mal, se desvanecen, son reemplazados por el código penal”.

Las desfiladas de personajes públicos por los tribunales para responder de su participación en casos de corrupción, las condenas por abuso de poder, los cientos de casos de políticos imputados o investigados que esperan el juicio oral, son síntomas de que se han saltado las reglas de forma arbitraria perjudicando a los más débiles. Resulta alarmante comprobar en la experiencia cotidiana cómo los principios éticos son cada vez menos vinculantes. La corrupción destruye la convivencia y frena el progreso.

Resulta inútil invocar con tanta frecuencia la Constitución para resolver cuestiones que tendrían que tener un cauce más natural, más cívico y más político para arbitrar los intereses contrapuestos de unos y otros. Acudir siempre a la Carta Magna para encontrar una salida al conflicto planteado por Catalunya respecto de España no lleva a ninguna parte. Tampoco consigue nada el Govern Mas aprobando leyes o decretos sobre estructuras de Estado cuando no hay Estado. La ficción es lo más alejado de la gestión política responsable. Es ficción y, a veces, comedia.

El ministro Wert puede impulsar leyes que obliguen a porcentajes de enseñanza castellana en Catalunya donde no hay un problema lingüístico y donde la lengua de Cervantes no ha estado nunca amenazada mientras que la catalana sí que lo ha estado. Y también perseguida. En estas cuestiones las leyes tienen que ser el resultado de amplios pactos previos. Ya sé que hablar hoy de consenso o pacto es temerario. Pero prefiero salirme del carril y no someterme a la tiranía invisible de lo políticamente correcto.

Lluís Foix

Publicado en La Vanguardia el 14 de mayo de 2015