La entrega de Julio Alberto Poch, que tendrá que ser refrendada por el Consejo de Ministros, permitirá a Argentina investigar y juzgar al piloto en cuatro procedimientos judiciales por "detenciones ilegítimas, torturas, lesiones, desapariciones y muertes" que se habrían producido en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) entre 1976 y 1983. La resolución, ante la que cabe recurso ante el Pleno de la Sala de lo Penal, detalla que el detenido está acusado de "600 hechos concretos" que podrían enmarcarse en delitos de lesa humanidad con la "suficiente gravedad" como para aprobar su extradición, incluso en el caso de que tuviera nacionalidad española.

Los magistrados Ángel Hurtado (ponente), José Ricardo de Prada y Enrique López recomiendan que, a pesar de que los hechos delictivos que justifican la extradición son "extremadamente graves", el detenido "en ningún caso" sea condenado a cadena perpetua, sino "todo lo más a la pena inmediatamente inferior a ella". En relación con el argumento utilizado por la defensa de Poch de que fue víctima de "una trampa" para ser detenido en España porque no podía ser entregado desde Holanda, la Sala lo califica de "ocurrente" aunque asegura que no puede ser admitido porque "si algo se puede reprochar a dichas autoridades es que no restringieran el derecho que como cualquier ciudadano tendría de libre circulación".

 

Poch se negó a ser extraditado cuando declaró en octubre pasado ante el juez Eloy Velasco aunque cambió de opinión en la vista que se celebró el pasado miércoles, en la que se proclamó "un detenido político que ha sido acusado falsamente" y reclamó "un juicio justo" en Argentina. Ante el tribunal el piloto denunció haber sufrido "una jugada política" de las autoridades holandesas, que, a su juicio, quisieron "deshacerse" de él "sin darle la oportunidad de probar su inocencia por razones políticas". Además, señaló que "no existen pruebas" que le impliquen en los hechos de los que se le acusa.

 

El fiscal, Miguel Ángel Carballo, solicitó la extradición de Poch tras recordar que en España "no existe ninguna limitación para la entrega de ciudadanos holandeses a la República Argentina" y que los hechos investigados no constituyen "delitos políticos ni militares". De igual modo, recordó la derogación en Argentina de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida y añadió que no existe "ninguna duda" sobre la identidad real del detenido, más allá de los resultados que pueda arrojar la investigación sobre su participación en los "vuelos de la muerte".