A raíz del amplio poder adquirido por los gremios en Brasil y en Uruguay, los mandatarios de esos países intentan frenar los atropellos sindicales, que terminan damnificando a la sociedad, que se ve perjudicada por paros, cortes de caminos y protestas callejeras.

Convivencia democrática

A través de diferentes políticas, tanto Luiz Ignacio Lula Da Silva en Brasil, como Tabaré Vázquez en Uruguay, intentan poner un límite a los desbordes generados por los gremios de sus respectivos países, que han adquirido suficiente poder como para paralizar un país, a través de huelgas, manifestaciones y cortes de calle.

 

Las medidas a tomar, tienen como motivo fundamental resguardar a la sociedad civil, que frente a cada abuso de autoridad de los gremios, se ve afectada en su vida diaria.

 

En el caso de Brasil, el presidente Lula enviará al Congreso un esperado proyecto que restringe el derecho a huelga en actividades esenciales para la población, como el transporte, salud, tránsito, etc, según explicó el ministro de Planificación brasileño, Paulo Bernardo.

 

La futura ley deberá determinar con claridad los puntos más importantes de un proceso de paro y manejo de conflictos, incluyendo la mediación, conciliación y arbitraje, sostuvo el ministro brasilero. En este sentid, el proyecto prevé establecer claramente cuales actividades son esenciales y “cuya paralización representa un peligro inminente a la convivencia, la salud o la seguridad de la población”, dijo Bernardo en la Comisión del Trabajo de la Cámara baja.

 

La idea del presidente Lula y su gabinete, es garantizar que, en caso de una huelga, no sea directamente afectada la población. En este sentido, Bernardo dio como ejemplo el trabajo de los controladores aéreos, que en marzo pasado tomaron una medida de huelga que paralizó las principales ciudades del país, perjudicando a la población en sus viajes. Esta área, también está comprendida en el proyecto del presidente Lula

 

En cuanto a Uruguay, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, mediante su Ministerio del Interior, ordenó a la Policía nacional reprimir cualquier alteración del orden público cada vez que ocurra alguna movilización social, sindical o policial.

 

En este sentido, Ricardo Bernal, subsecretario del Interior del Uruguay sostuvo que en el último acto realizado el pasado 19 de junio, el caos social digitado por un pequeño grupo de manifestantes que estaba en desacuerdo con el evento, requirió ser reprimido, debido a que la “persuasión ejercida por las fuerzas de seguridad” no fue suficiente ante la quema de gomas y pedrada de los manifestantes.

 

Según Bernal, “la firme actitud” policial contribuyó a atenuar las protestas que después se realizaron frente al Círculo Policial. Por otro lado, la Jefatura de Policía de Montevideo, señaló que en Uruguay se “acabó la tolerancia con los violentos”