La semana pasada, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, lanzaron un programa cuyo objetivo es regular el flujo hacia la frontera sur de México de inmigrantes procedentes de Guatemala llamado, precisamente, “Frontera Sur”.

Con la intención de mejorar el sistema de clasificación de los movimientos migratorios entre ambos países, el programa pretende aumentar la información que se tiene sobre los inmigrantes y así ayudar a la capacidad de ambos países para controlar y regular su tránsito.

Se trata de unas iniciativas necesarias desde hace bastante tiempo. Pero por desgracia, no abordan apropiadamente los retos más importantes. La permeable frontera de casi mil kilómetros de longitud que separa Guatemala y México cuenta sólo con ocho pasos fronterizos legales, aunque existen además cientos de puntos de entrada no oficiales. Para Guatemala, el país más septentrional de Centroamérica, asegurar esta frontera debería ser una prioridad. Y para complicar todavía más este problema está el asunto del tristemente famoso tren de mercancías conocido como “La Bestia”.

La mayoría de los inmigrantes ilegales que llegan a Estados Unidos desde Centroamérica lo hacen sobre este tren, que los lleva desde el sur de México hasta las ciudades mexicanas a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. Un día cualquiera, se puede ver a cientos de hombres, mujeres y niños apiñados sobre el techo de este tren.

Se sabe que este tren parte cada dos o tres días desde la ciudad de Arriaga, en el estado de Chiapas. Se trata de un peligroso viaje y muchos inmigrantes mueren intentando encaramarse al tren en marcha. Aquéllos que son capaces de subirse al tren se convierten en las víctimas de traficantes de drogas zetas o maras, que se suben al tren para secuestrar, extorsionar, atracar o asesinar a los inmigrantes. Además, el tren ha descarrilado varias veces, matando a cientos de inmigrantes. Pero a pesar de que esto es algo por todos conocido, el gobierno mexicano sigue haciendo la vista gorda y no incrementa la seguridad del tren.

México también ha designado barrios denominados “zonas de tolerancia” en los que la prostitución y otras actividades indeseables son legales. El establecimiento de estos barrios envía el mensaje de que el gobierno mexicano no puede mantener la ley y el orden en su país. Estas “zonas de tolerancia” están muy extendidas en los estados fronterizos del sur de México, donde a menudo los cárteles de la droga atraen hasta estas zonas a mujeres inmigrantes para trabajar como prostitutas. Además, a menudo muchos agentes de policía y representantes públicos son corruptos y están comprados por los cárteles. Al permitir que el negocio de la industria del sexo prospere, el tráfico de seres humanos y la emigración ilegal continuarán.

Aunque puede que el programa “Frontera Sur” proporcione cierto alivio político temporal a las administraciones de México y Guatemala, no llegará a ser efectivo. La seguridad fronteriza y la disuasión de la emigración ilegal exigen algo más que tapar agujeros en una frontera permeable.

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