Gabriel Cortina
Tras conocerse los resultados de las elecciones mexicanas, las urnas dieron la victoria a Felipe Calderón, candidato del PAN, frente a Andrés Manuel López Obrador, por apenas unos centenares de miles de votos. Con frecuencia los que más hablan de democracia son quienes más la detestan a la hora de aceptar sus reglas de juego. Y es que en México, al terminar el recuento electoral, ha dado comienzo la propaganda. El escenario se presenta del siguiente modo: López Obrador denuncia un presunto fraude en el recuento de papeletas y afirma, sin conocer los datos definitivos, que no reconocerá el resultado final. A continuación se pone en marcha una serie de movilizaciones organizadas por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), al son de eslóganes a favor de la democracia y de mensajes perfectamente estudiados dirigidos a la opinión pública. La agenda ha sido planificada bajo amenaza de desórdenes sociales e institucionales para presionar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) antes del 31 de agosto, fecha en la que debe hacer pública su decisión sobre los resultados electorales definitivos.

La cuestión es si el PRD, atendiendo a sus siglas, se decantará por la vía revolucionaria o por la democrática. Teniendo en cuenta la situación de numerosos países hispanoamericanos, lo que ocurra en México es muy importante. Y más, teniendo en cuenta el Tratado de Libre Comercio, sus reformas políticas pendientes y la situación estratégica de la región. No cabe duda que este proceso electoral es una prueba determinante para valorar la estabilidad institucional del Estado mexicano. Tras más de setenta años de hegemonía del PRI, y seis de tímidas reformas bajo la presidencia de Fox, la democracia mexicana está a las puertas de su transición política definitiva.

Según datos del IFE, Calderón obtuvo el 35,88 % de los votos, 0,58 puntos porcentuales más que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien ha exigido la revisión voto por voto, atendiendo a una presunta interpretación de la ley electoral. Si no gustan los resultados por tan escaso margen, debían haber modificado el sistema electoral, como intentó hacerlo el PAN hace dos años. A la elección acudieron a votar algo más de 41.790.000 ciudadanos, lo que significa el 58,58 % de los 71,3 millones de mexicanos registrados en el padrón electoral. La propaganda de López Obrador ha ocultado convenientemente el dato de los cientos de miles de voluntarios de todos los partidos que participaron en las 130.000 casillas electorales, y que contaron y recontaron todas las papeletas a principios los días siguientes a las elecciones.

Comienza así la exaltación callejera, las asambleas alternativas y la difusión de mensajes distorsionados, frente a la vía jurídica e institucional, propia de un Estado de Derecho. López Obrador es consciente que su carrera política termina con una firma del Tribunal Electoral el 31 de agosto; y quién sabe si después le esperarían algunos pleitos judiciales pendientes de resolución.