Misioneros de la Sagrada Familia que, entre otras muchas labores y proyectos, prestan servicio pastoral en el Centro Penitenciario Palmasola han alertado sobre la situción de las cárceles en Bolivia y la alta conflictividad laboral que se vive en el país
En Bolivia hay 13.800 personasactualmente privadas de libertad, el 84% no tienen sentencia y están en situación de detención preventiva. La mayoría está detenida por el delito de narcotráfico y el indulto sólo ha favorecido a 264 personas en toda Bolivia. Hay más de 1.000 niños en las cárceles bolivianas. En la cárcel de Palmasola se encuentran 5.565 personas privadas de libertad y el hacinamiento es un tema que se incrementa a diario en toda Bolivia y faltan políticas públicas de rehabilitación.
El Boletín informativo de julio de 2013 de esta congregación misionera alerta también sobre la situación socio-política que se vive en Bolivia:
Con una contundencia que no se conocía desde hace muchos años y la participación de diferentes federaciones asociadas a la COB (Central Obrera Boliviana), durante tres semanas el pasado mes de mayo se realizaron diferentes movilizaciones sociales como paros, marchas y bloqueos de carreteras, con la demanda básica de exigir un incremento en las pensiones aprobadas por el Gobierno que, aunque teóricamente señala un 70% del promedio de los últimos 24 salarios, normalmente no llega ni al 60%, salvo para los militares, quienes desde gobiernos anteriores, perciben el 100%.
Las bases de los trabajadores expresaban también su posición sobre quién debe financiar la jubilación de los trabajadores; de manera natural, llegaron a la conclusión de que deben ser la patronal y el Estado quienes carguen con el peso de las rentas; siendo que éstas son una forma de salario diferido, una parte de la plusvalía de su trabajo, para garantizarse una vejez en condiciones humanas.
En la reforma de la Ley de Pensiones se propone un Fondo Solidario que podría compensar a aquellos ciudadanos que nunca han tenido un trabajo asalariado y por ello han hecho pocas cotizaciones a la Caja Nacional de Salud o a las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP); pero esta propuesta, que podría considerarse óptima en sentido social, tiene la debilidad de que ese Fondo llega a conformarse solamente con los aportes de los trabajadores y un mínimo de los empresarios y sin un aporte del Estado.
Sin embargo, a lo largo del conflicto, los dirigentes y el gobierno se limitaron a discutir los topes mínimos y máximos y después de tres semanas se levantaron las movilizaciones, declarando una tregua de 30 días, pero sin haber conseguido ninguna de las propuestas; más bien, los profesores que se sumaron a la huelga vieron descontados sus salarios por los días no trabajados.
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