Hernán Büchi
A pesar de las repetidas inestabilidades de los mercados externos, el buen crecimiento mundial y el recurrente alto precio del cobre se mantienen como una constante que genera un escenario de excepción para Chile. Sin embargo, los pocos meses de gobierno de Michelle Bachelet han estado llenos de vaivenes. De la expectativa inicial se pasó a la euforia por el buen precio del cobre y luego al desencanto ante malos indicadores económicos y la crisis de los estudiantes. El respaldo de la Presidenta cayó bruscamente, obligándola a cambiar al jefe de gabinete y otras autoridades ministeriales.

Pero, al igual que en el mundo, detrás de estas variaciones hay elementos constantes. El esfuerzo de muchos años de Chile de crear instituciones sólidas y empresas competitivas abiertas al mundo sigue dando beneficios. La siembra marginal de nuevas trabas a quienes emplean trabajadores e invierten ha sido permanente durante los sucesivos gobiernos de la Concertación, y este Gobierno se inició precisamente consumando un nuevo cambio laboral que dañará a las buenas empresas y los buenos trabajadores. Es este sentido, la propuesta de cambios previsionales era importante, ya que podía marcar un giro hacia un deterioro más rápido en las políticas con consecuencias negativas más inmediatas. Conocido el informe de la comisión y si el Gobierno no cambia totalmente el tono de las propuestas, éste parece no ser el caso.

Es una desgracia, eso sí, que en la discusión reciente hayan aflorado posiciones más ideologizadas. Quienes quieren una presencia estatal mayor se molestaron al constatar que la mayoría no recomendó alza de impuestos y que dejara claro que los planteamientos catastróficos sobre el financiamiento futuro del sistema no eran reales. La insistencia en argumentos centrados en la equidad e igualdad nos deja a las puertas de asegurar una pensión al 60% de los chilenos independientemente de si han hecho algún esfuerzo para lograr la retribución. Este sólo cambio y la dinámica política consiguiente pueden a futuro destruir el sistema.

Es pertinente citar aquí el comentario de un líder asiático que sacó a su país de la miseria. Refiriéndose a las crisis de los sistemas previsionales occidentales, decía que en Occidente los deseos los trasforman en derechos y esgrimen argumentos morales para sentarse y acordar cómo sus hijos les pagarán sus pensiones. Lo moral sería crear las condiciones para crecer y con su esfuerzo asegurarse el bienestar familiar.

Pero quizás donde se han manifestado con más vigor posiciones ideologizadas ha sido en los primeros análisis de la realidad educacional.

Cambios menores

En lugar de abordar el problema de calidad de la educación y el porqué no ha mejorado al triplicarse el gasto, se ha saltado a la igualdad y se pretende que ésta sería mejor defendida a través de una educación directamente estatal. Otras versiones buscan un mucho mayor control de las escuelas subvencionadas con el argumento de que reciben plata pública, olvidándose de que lo que realmente estamos haciendo es usar plata de las mismas personas para obligarlas a educarse.

Si bien podríamos acordar que conviene educarse, aun a la fuerza, es mucho menos justificable imponerles además en qué escuelas, con qué compañeros y qué familias deben rodearlos. Cuán fácil parece olvidarse que en algún momento casi todas las escuelas eran fiscales y que las desigualdades eran gigantescas.

La propuesta reciente del ministro de Hacienda, “Plan Chile Compite”, más que implicar un cambio positivo, ratifica este deterioro lento. Bajo nombres atractivos sólo hay cambios menores, algunos de ellos positivos y otros que no lo serán tanto para la competitividad de la economía. Nuevamente en esto parece haber influido la restricción ideológica que impidió actuar con más decisión y rapidez, por ejemplo, en la eliminación del impuesto al crédito.

Seguirá siendo conveniente importar los equipos y no la tecnología para producirlos. La propuesta tributaria para los contribuyentes pequeños puede ser un retroceso. La eliminación del artículo 14 bis los coloca de lleno en los problemas que tiene la contabilidad devengada, sacándolos del concepto de tributar sólo lo que retira el dueño. Este cambio desconoce importantes distorsiones; por ejemplo, además de tener que pagar IVA a pesar de no haber podido cobrar una factura, el contribuyente deberá tributar el impuesto a la renta. De nuevo creo que razones ideológicas impiden comprender los impuestos y su operatoria efectiva, provocando negativas consecuencias en los incentivos para invertir y crear empleo.

Hasta el momento hemos enumerado una serie de elementos negativos en el plano microeconómico. En general, sobre el manejo macroeconómico se han planteado menos críticas. Sin embargo, creo que en este momento estamos en una encrucijada. La visión ideológica antes descrita también se está reflejando en la realidad macroeconómica. El énfasis se ha puesto en una regla fiscal que crecientemente tiene aspectos de discrecionalidad. El concepto más o menos objetivo de aislar un shock externo, básicamente el precio del cobre, ha derivado hacia conceptos más subjetivos y opinables como el producto de tendencia.

Encrucijada

En la práctica existe el riesgo de que esta visión lleve a un crecimiento permanente del tamaño de gobierno en lugar de poner el énfasis en que los programas públicos en sí mismos deben ser justificados. Frente a malas condiciones externas, la regla fiscal permitió más gasto público y ahora lo permite ante buenas condiciones.

Si existe el temor de que la demanda agregada tenga menos vigor que lo deseable, en lugar de alambicadas justificaciones para subir el gasto público conviene actuar más directamente; la coyuntura actual nos provee de un buen mecanismo para ello. Así como el elevadísimo precio del cobre parece temporal, el del petróleo también. Considerando sólo al consumidor final, el precio actual del petróleo está teniendo un impacto de más del 1% del producto. Si suponemos un precio de 40 o 50 dólares el barril, hasta hace poco impensado, es posible compensar a los consumidores eliminando temporalmente, de manera parcial o total, el impuesto a los combustibles. Esto podría significar una rebaja de hasta 190 pesos en las bencinas y algo menor a 50 pesos en el diésel. El máximo costo fiscal sería menor al 12% de lo que acumulará el fisco por el boom del cobre y habría amplio tiempo para corregir los impuestos en el futuro. En todo caso, la corrección sería mucho más fácil que vernos entrampados en un gasto público aumentado.

Como dijimos, estamos ante una encrucijada. Es peligroso que una visión ideologizada y la pérdida de popularidad de una Presidenta que está siendo beneficiada por un influjo enorme e inesperado de recursos nos lleven a desperdiciar esta bonanza y perder una oportunidad única para generar la verdadera riqueza: una ciudadanía libre y próspera.