El analista uruguayo, Carlos Alvarez, se pregunta qué podemos esperar nosotros, los que creemos que es necesario avanzar hacia una sociedad más abierta, hacia una economía de libre mercado, hacia un mayor protagonismo del individuo y hacia una mejor inserción del Uruguay en un mundo globalizado.

Democracia
En Uruguay, en verano el tiempo pasa lento y pasan pocas cosas. Sin embargo, a
medida que avanzamos en la transición hacia el primer gobierno de la izquierda
uruguaya, algunas incógnitas empiezan a despejarse. En un artículo anterior hice
referencia a dos modelos de gobierno que pujaban por predominar, y los vinculaba
a sus referentes políticos más característicos: el designado Ministro de
Economía Danilo Astori y el designado Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca:
José Mujica.

Afortunadamente esta pugna se ha resuelto categóricamente a
favor del primero y hay dos o tres elementos auspiciosos que pueden darse por
definivamente resueltos: el equilibrio fiscal será prioridad principal, se
mantendrá la política monetaria actual, se respetarán todos los compromisos con
acreedores y adjudicatarios de concesiones. Otros elementos que supondrían un
avance mayor en la dirección correcta se mantienen como declaración de
intenciones, pero levantan unas cuantas resistencias a la interna del partido de
gobierno y habrá que ver hasta donde están dispuestas a llegar las nuevas
autoridades: asociar empresas públicas con capital privado, revisar los
monopolios estatales y la inamovilidad de los funcionarios públicos deberán
esperar condiciones políticas más propicias.

Lo importante de este
proceso de poco más de setenta días de transición es que el Presidente Electo se
ha jugado fuertemente por una de las opciones del menú, la más seria y ortodoxa,
aún sabiendo que es una visión muy resistida por buena parte de su electorado y
de los dirigentes de su partido.

La desusadamente larga transición
uruguaya (¡cuatro meses!) parece estar sirviendo para que los dirigentes
frenteamplistas se den un baño de realidad y hagan su propia transición
personal, de opositores a gobernantes. Algo así pasó hace quince años cuando el
Frente Amplio pasó de oposición a gobierno departamental en Montevideo y una
serie de iniciativas de sus predecesores que habían merecido las más duras
críticas finalmente fueron pilares de la administración municipal de izquierda:
la concesión del estacionamiento tarifado de la zona centro a una empresa
privada, la construcción del colector de aguas servidas y la concesión de la
recolección de residuos de la zona sur a otra empresa privada. Estas medidas de
la anterior administración colorada no solo no fueron revisadas, sino que se
profundizaron ampliando las zonas de las concesiones y continuando las obras del
colector, que con financiamiento del BID ha permitido llevar saneamiento a miles
de hogares que no disponían de este servicio y recuperar para el uso público los
25 Kms. de playas montevideanas de la mejor calidad, que estaban casi perdidas.
Incluso la administración comunal de izquierda profundizó esta política
concesionando espacios públicos a empresas privadas, incluyendo el emblemático
Hotel Casino Carrasco a la multinacional Marriot… y la propia explanada del
Palacio Municipal a Mc Donalds! Es un antecedente que es bueno recordar en estos
momentos.

Aunque los futuros gobernantes no puedan admitirlo en toda su
dimensión, no es menor la mano que están dando los tan denostados organismos
multilaterales de crédito. El FMI, el BID y el Banco Mundial han mostrado una
inmejorable disposición para hacerles las cosas más fáciles. No solo no habrá
problemas para refinanciar los vencimientos de corto y mediano plazo, los
programas vigentes continuarán ejecutándose e incluso habrá fondos frescos para
implementar el plan de emergencia social, uno de los ejes políticos del nuevo
gobierno. Pero por sobre todas las cosas, los tres organismos están aportando
ideas. Les están traspasando todo su conocimiento de la realidad, su visión
sobre las oportunidades y amenazas y sobre las reformas que el país debería
encarar, fruto de muchos años de trabajo conjunto con los sucesivos gobiernos
uruguayos. Sin necesidad de que nadie lo diga explícitamente, es clara la
sensación de que en tanto se materialicen los rumbos económicos anunciados y se
preste alguna atención a este conjunto de ideas, organismos y gobierno
trabajarán en armonía. En resumen las cosas no van tan mal.

Es hora de
preguntarnos qué podemos esperar nosotros, los que creemos que es necesario
avanzar hacia una sociedad más abierta, hacia una economía de libre mercado,
hacia un mayor protagonismo del individuo y hacia una mejor inserción del
Uruguay en un mundo globalizado. No para soñar con utopías, sino saber que
podemos razonablemente esperar y cómo podemos actuar para que esas esperanzas
tengan mayor chance de hacerse realidad.

La llegada al poder de un
conglomerado político que incluye entre otros a Comunistas, Socialistas y ex
guerrilleros tupamaros podría ser francamente desalentador. Sin duda el Frente
Amplio es la fuerza política que visualiza con más nitidez al estado como
protagonista de la vida económica y social. Sin embargo es conveniente no perder
la perspectiva y, sin pedirle peras al olmo (que no las va a dar), pensar qué
podría dejar de rescatable esta experiencia de gobierno de izquierda para la
construcción de una sociedad más libre y abierta.

Lo primero que podemos
razonablemente esperar es que esta experiencia no signifique un retroceso. Que
no implique ceder terreno tanto en materia institucional como en presencia del
estado en la vida general de la sociedad y en la economía en particular. Si los
rumbos económicos que se anuncian se concretan, al final de esta administración
debería haber menos regulaciones y no más; menor carga tributaria; menos
monopolios; alguna empresa pública asociada a capital privado; menos
funcionarios; más apertura comercial; reducción del endeudamiento; etc. Aunque
las variaciones no sean espectaculares.

Importa especialmente la
evolución de la calidad institucional. Para el gobierno de un país en que el
estado controla el 20% de las fuentes de trabajo, en el que es imposible para un
medio de prensa sobrevivir sin publicidad oficial, en que las ondas de
radiodifusión son concesiones precarias y revocables, en el que ninguna empresa
puede sobrevivir sin considerar al estado como cliente, no se necesita llegar a
instrumentos legales ni recurrir a la policía para asegurarse el control
político de la sociedad. Tampoco se trata de rasgarse las vestiduras por una
supuesta sociedad abierta amenazada por un gobierno de izquierda. La sociedad
edificada en un siglo de gobiernos principalmente colorados, pero también
blancos y de coalición (además de 12 años de dictadura militar) no fue nunca una
sociedad abierta. De hecho, desde su origen a principios del siglo XX, lo que
los uruguayos llamamos “sociedad moderna” no fue jamás una sociedad abierta, ni
estaba llamada a serlo, desde que concibió al estado como eje del desarrollo de
la sociedad y consolidó su presencia rectora en la mayor parte de las
actividades económicas y sociales, relegando a la iniciativa privada a zonas
marginales de la economía y la vida social.

El estado tiene presencia en
todos los aspectos decisivos de la vida de los ciudadanos: La salud, la
educación la vivienda, la seguridad social…el estado es el principal empleador
y el principal cliente del sector privado. Es el productor monopólico de los
servicios que se consumen en todos los hogares: Electricidad, comunicaciones,
combustibles, agua. Es el principal proveedor de seguros y crédito para los
hogares y la pequeña y mediana empresa.

Los partidos políticos con
posiciones de poder y sus agrupamientos internos han desempeñado un papel de
auténticas gestorías de muy diverso nivel: Para los ciudadanos humildes se
gestionaba el acceso a la jubilación o una pensión, a un teléfono, etc. Para el
militante un trabajo en el estado, o un ascenso o un pase en comisión. Para el
“correligionario” más acomodado una exoneración fiscal, un arancel para gravar a
sus competidores extranjeros, un reintegro a sus exportaciones, una concesión de
obra pública, etc. El ciudadano que quería conseguir algo debía obtenerlo del
relacionamiento con el entramado del poder y el dirigente que quería sobrevivir
y ascender debía tener la forma de ofrecerle algo al ciudadano. Esta práctica se
convirtió en el centro de la actividad política, desplazando toda consideración
programática o ideológica.

El estado abarcó la totalidad de la vida
social, y las relaciones entre los partidos y los ciudadanos se tiñeron de
clientelismo. Los dirigentes formaron una cofradía, una especie de “cámara
compensadora de favores” y se generó una ley del embudo, o de “cuenca” en que
los dirigentes de menor a mayor convocatoria aportan caudal como una cañada a un
arroyo y este a un río. A la inversa, las prebendas subían de estos a aquellos.
Esta estructura cobró vida propia y se rigió por sus leyes particulares,
generando un vínculo interno similar a la “omertá” de la mafia, deteriorando
progresivamente la calidad institucional del país.

Los partidos
tradicionales ejercieron el control hegemónico de la sociedad valiéndose de este
monstruoso aparato. La izquierda que llega al poder es ajena a esta cultura. Por
el contrario, el militante de izquierda histórico (casi todos los ministros y
subsecretarios designados lo son) ha dedicado su tiempo a trabajar
desinteresadamente por una causa altruista, arriesgando muchas veces su trabajo,
su libertad o su vida. Si bien esto se ha relativizado en los últimos años, en
términos históricos es esencialmente justo.

Entonces tal vez no podamos
aspirar a un estado neutral en la asignación de recursos, pero si podamos
aspirar a que el criterio subjetivo para reorientar la asignación de recursos
deje de ser el amiguismo y el clientelismo y pase a ser otro criterio más
impersonal, como “el plan”, “el bien común” o “las necesidades de los más
postergados”, etc. No será bueno del todo, pero desarma una estructura histórica
de dominación política y una fuente irritante de privilegios.

Lo primero
que se propone hacer el nuevo gobierno una vez instalado es implementar un plan
de atención a la emergencia social, que, a un costo de U$S 100 millones anuales,
daría cobertura a 200.000 uruguayos en situación de indigencia. Si bien este
plan es pasible de todas las críticas que con justicia pueden hacerse al
asistencialismo, ello busca recuperar ciudadanía en un país imperiosamente
necesitado de volver a incluir en la sociedad a vastos sectores de población
empujada a la marginación en los últimos cinco años de recesión. El nuevo
gobierno ha asumido el compromiso público de evitar toda forma de clientelismo y
utilización política de este plan y ha encomendado su implementación a
dirigentes del Partido Comunista. A pesar de ubicarme en sus antípodas
ideológicas, en esta materia les abro un crédito.

A nivel político
también se pueden esperar cambios positivos. Desprovistos del aparato del
estado, blancos y colorados van a tener que replantearse su modo de hacer
política, porque de otro modo su capacidad para retener y captar adherentes
desaparecerá. Esta situación abre excelentes oportunidades para reconstruir el
mapa político, al romper la amalgama que mantenía unidos a personas y sectores
muy heterogéneos y con grados de compromiso muy distinto con las estructuras
burocráticas y los traficantes de influencias. Mucha gente se va a sentir más
libre para dar la pelea por una auténtica transformación del país. No es de
descartar entonces rupturas y realineamientos que puedan producir nuevos
instrumentos políticos o reconvertir alguno ya existente sobre la base de un
proyecto que en CADAL llamamos “El Consenso de Chile”.

Otro punto que
merece especial interés es la anunciada realización de auditorías en todas las
dependencias estatales. Lo primero que sorprende de este anuncio es que el mismo
implica que hay reparticiones del estado que hoy no son objeto de auditoría.
Cabe esperar que no se trate solo de un episodio aislado y que por ley se
obligue a realizar estos controles periódicamente. Si bien el objetivo político
menor de las mismas es claro: Mandar a la justicia penal a los burócratas
blancos y colorados en cuyas reparticiones se comprueben irregularidades, y usar
esta iniciativa para compensar a una militancia que posiblemente vea frustradas
otras expectativas, las conclusiones a las que se arribe pueden ser muy
interesantes.

Por ejemplo: No fue necesaria ninguna auditoría para que
el futuro ministro de Ganadería (Mujica) y su futuro Subsecretario (Agazzi) se
enteraran que desde hace 17 años 1.100 funcionarios de ese ministerio cobran un
sobresueldo del 8% con partidas de dinero que estaban destinadas al Instituto
Interamericano de Cooperación Agraria. De este tipo de situaciones irregulares
está lleno el estado uruguayo, por lo que las auditorías amenazan con volverse
una auténtica caja de Pandora que empiecen a mostrar desviaciones e
irregularidades que benefician no solo a un puñadito de corruptos, sino a
decenas de miles de funcionarios públicos. ¿Hasta donde querrán los gobernantes
de izquierda y sus compañeros de los sindicatos del estado que estas situaciones
salgan a luz? ¿Qué pasará luego que estas irregularidades sean conocidas?
Posiblemente pase lo mismo que en el año 2000, cuando el Presidente Batlle dio a
publicidad los salarios de todos los funcionarios públicos y quedó en evidencia
que un portero de un banco estatal gana siete veces más que un docente o un
médico, pero nunca se fue mas allá de la indignación. Sea como sea, estas
auditorías prometen aportar un material muy esclarecedor respecto del mas grave
de todos los problemas del Uruguay: El manejo discrecional del aparato del
estado que políticos de todos los partidos y sindicalistas de todas las
tendencias han llevado adelante en perjuicio de los contribuyentes.

Si
este cuadro de oportunidades se concreta, estaremos más cerca de una sociedad
abierta de lo que jamás hemos estado. Sería importante que todos los que creemos
en estas cosas pongamos nuestro granito de arena para que así sea y no
sucumbamos frente a tentaciones políticas menores.

Carlos Alvarez es
Coordinador de Programas en Uruguay del Centro para la Apertura y el Desarrollo
en América Latina www.cadal.org