“Tabaré Vázquez arranca su gobierno bajo excelentes auspicios, no solo dispone de mayoría parlamentaria, sino de un índice de popularidad inédito para un presidente Uruguayo: 85%.”

Opinión: Carlos Álvarez
Finalmente ocurrió. Como “no hay tiempo que no se acabe, ni tiento que no se
corte” la izquierda uruguaya asumió el poder el 1º de marzo. Tabaré Vázquez
arranca su gobierno bajo excelentes auspicios, no solo dispone de mayoría
parlamentaria, sino de un índice de popularidad inédito para un presidente
Uruguayo: 85%. Encuestas de opinión revelan que la gente está dispuesta a darle
un tiempo al nuevo gobierno, solo el 3% cree que se van a ver cambios
significativos inmediatamente. La identificación de la gente con el nuevo
gobierno es muy fuerte y explícita. Las familias y los amigos se reunieron
masivamente a cenar el 28 de febrero, y esperar la medianoche para lanzar fuegos
artificiales, como si fuera navidad o año nuevo. Nunca antes se había visto algo
así. Es claro que el apoyo además de abrumadoramente mayoritario, es fervoroso.


Otro hecho auspicioso, con ribetes históricos, es la suscripción por
parte de los cuatro partidos con representación parlamentaria, de un acuerdo que
fija un marco de consenso mínimo en torno a políticas económicas, define
políticas de estado para la enseñanza, y para las relaciones internacionales.
Las concordancias en materia económica no son menores: Se respaldó el mecanismo
de canje de deuda instrumentado en 2003, que originalmente había sido duramente
criticado por Vázquez. Se ratificó la actual política monetaria, basada en metas
inflacionarias y stock de circulante. El documento también señala que es
necesario “consolidar un ambiente propicio para la inversión, apoyando reglas
claras de juego y el compromiso de mantenerlas” y realizar una profunda reforma
del aparato estatal. Nunca un gobierno había contado con un documento de este
tenor firmado por todos los partidos.

Sin embargo también es cierto que
el nuevo gobierno arranca bajo el signo de la incertidumbre y la contradicción.
De algún modo este signo era previsible, dado que la estrategia de acumulación
de fuerzas que lo precipitó al poder se basó en la fuerte confrontación con los
partidos tradicionales, estimulando todas las reivindicaciones sociales, incluso
cuando unas eran contradictorias con otras, como bajar impuestos y subir el
gasto. Llegados al poder, a los principales protagonistas de la izquierda les
queda claro que con sus visiones tradicionales es imposible abordar exitosamente
la realidad y están procesando una reconversión acelerada que los está llevando
a proponer políticas no demasiado distintas de las que criticaban desde la
oposición. Lo realmente paradójico es que ahora esas políticas pueden tener
chance de éxito, ¡justamente porque en las nuevas condiciones políticas no
encuentran oposición!

Sin embargo esta transición no es uniforme, no la
procesan igualmente todos los dirigentes y eso determina que un observador
desprevenido quede impávido ante las contradicciones que encuentra. Estas
contradicciones se han expresado en los últimos días en una polémica surrealista
respecto de tres temas que globalmente representan inversiones por algo así como
2000 millones de dólares (por tanto involucran unos veinte mil puestos de
trabajo): un conjunto de doce edificios en Punta del Este cuestionado por su
impacto paisajístico, una planta de celulosa en las costas del Río Uruguay
cuestionada por su impacto ambiental y un puerto privado en Montevideo,
cuestionado no se sabe bien por qué. Los miembros del gobierno en la línea de
Astori reivindican su derecho a decidir en estos temas y obviamente apoyan la
realización de las inversiones, mientras el Ministro de Obras Públicas y ex
intendente de Montevideo, Mariano Arana, las critica, junto con una larga claque
radical. Astori aparece con mucho poder, pero muy solo, por más que tenga todo
el apoyo del Presidente. Y eso empieza a ser percibido.

Lo
verdaderamente importante es que el núcleo central de dirigentes que componen la
nueva administración, logren completar esa transición de opositores a
gobernantes del modo mas homogéneo y completo y que puedan explicarlo a su
entusiasta electorado, acostumbrado a la sonoridad ramplona de la diatriba
opositora.

El nuevo gabinete ministerial está conformado de modo tal de
comprometer con la gestión de gobierno a todos los sectores de la heterogénea
fuerza política mayoritaria. Esa misma definición describe el alto grado de
contradicción que encierra el nuevo Poder Ejecutivo.

Para los
directorios de las empresas del estado, que en Uruguay son muchas y muy
poderosas, el nuevo gobierno abandonó (con una sola excepción) la práctica
histórica de blancos y colorados de designar dirigentes políticos que no habían
logrado ser electos como legisladores y armó en cada uno de estos directorios
una combinación de académicos, empresarios y sindicalistas, de bajo perfil
político, sin que sea posible predecir hoy como será su desempeño. Parece claro
al menos que no habrán de proceder con criterio partidista. No es poca cosa.


El Partido Nacional, que ha aceptado el ofrecimiento de participar en
minoría en los directorios y en la dirección de la enseñanza, también ha
propuesto directores de bajo perfil político partidario, con énfasis en la
competencia profesional. Desde el primer gobierno post dictadura no ocurría que
la oposición tuviera participación en estos organismos. Los colorados no
aceptaron cargos, pero de todos modos suscribieron “el histórico acuerdo”.


Finalmente Fidel Castro no vino y más allá de la versión oficial acerca
de motivos de salud, una de las hipótesis que se maneja es que su intención de
hacer un acto público en un estadio cerrado no fue bien vista en filas del
gobierno. Alcanzó con Chávez, que si hizo su acto, y con su “jarabe de pico”
bolivariano y populista nos dejó en claro cuanta cosa valiosa podríamos perder
los uruguayos si el nuevo gobierno lo tuviera como referente.

A tres
días de asumir, al nuevo gobierno se le fundió un banco cooperativo respecto de
cuya situación el FMI y el BM vienen alertando desde hace meses. Cualquier
liberal aplaudiría de pié la primera reacción del ministro Astori: “Ni un peso
para salvar bancos”. Los gobiernos anteriores, incluso los acusados de
“neoliberales” endeudaron enormemente al país para evitar la caída de bancos
irremediablemente fundidos y “socializar las pérdidas”. Si bien esta batalla
recién empieza no arranca mál el ministro.

Y a cuatro días de asumir,
con toda decisión, una frágil abuela de 75 años –Azucena Berruti, ministra de
Defensa- abre las puertas de los cuarteles para que un grupo de antropólogos
busque los restos de los detenidos desaparecidos y terminar de una vez con esta
pesadilla que atormenta desde hace treinta años al Uruguay. Y los militares
–como no podía ser de otra manera- acatan. Una resolución favorable de este
punto fortalecería la imagen de izquierda del gobierno y le aportaría “algo de
inmunidad” para tomar medidas contrarias a la cultura de izquierda en el campo
económico.

Sin embargo algunas medidas muestran la dificultad de alinear
al conjunto del gobierno en torno a las mismas ideas. Se habla de insistir con
políticas de subsidio al irracional empeño de plantar caña de azúcar, el
inmediato restablecimiento de relaciones con Cuba, la no menos precipitada
suscripción de acuerdos con Venezuela que no han sido difundidos ni discutidos y
la anunciada convocatoria a consejos de salarios ponen un manto de duda sobre la
firmeza de las orientaciones macroeconómicas.

Pero la búsqueda de
equilibrios puede traer problemas muy serios al nuevo gobierno. La designación
de Ernesto Murro para presidir el organismo de seguridad social (jubilaciones,
que por alguna inexplicable razón se llama “Banco” de Previsión Social, cuando
de banco no tiene nada), era esperada. Lo que causó sorpresa es que en sus
primeras declaraciones públicas mantuviera su arremetida histórica contra el
régimen de capitalización que desde hace nueve años funciona en paralelo con el
régimen “solidario” que encarna el BPS. Murro fue quien perdió la batalla cuando
se reformó el sistema de seguridad social y desde entonces ha procurado
derogarlo y debilitarlo por todos los medios.

La pertinaz insistencia de
Murro en la derogación del régimen de AFAPs tampoco habla bien de sus
convicciones democráticas, puesto que este régimen fue impugnado por la vía
plebiscitaria y no se llegó a reunir las voluntades suficientes para convocar la
consulta popular.

Si este régimen fuera derogado, sería un golpe al
mentón de la seguridad jurídica, ya que implicaría la lisa y llana confiscación
y socialización del ahorro individual de cientos de miles de uruguayos. Nadie
creería en ninguna seguridad jurídica y caería cualquier acuerdo con los
organismos multilaterales. Estoy seguro que si eso ocurriera Astori dejaría de
inmediato el Ministerio de Economía.

Vázquez no tiene otra alternativa
que contemplar a todos los sectores de su partido y llegar a julio con sus
fuerzas intactas porque sabe que en julio tendrá que dar la batalla central de
su administración: El Presupuesto Quinquenal del Estado. Y para llegar a julio,
tendrá que acordar un nuevo programa con el FMI en marzo y firmar una carta
intención. Por eso estos golpes de timón que parecen llevar la nave a un puerto
y al minuto siguiente a otro, responden a esa necesidad de asegurarse a Tirios y
Troyanos. Vazquez dijo en un discurso del 1º de marzo que gobernaría con la
vista en la utopía y los pies en la realidad, en esas condiciones son
inevitables los tropezones.

Carlos Alvarez es Coordinador de
Programas en Uruguay del Centro para la Apertura y el Desarrollo en América
Latina.