Los cuestionamientos se centran en la situación en las cárceles, la discriminación a los indígenas y el maltrato proveniente de las fuerzas de seguridad.

Informe 2007

El Informe 2007 presentado en Londres por Amnistía Internacional (AI) denunció a los gobiernos de Uruguay, Chile y Argentina por permitir que se violen los derechos humanos de sus ciudadanos, especialmente de aquellos más vulnerables.

 

En el caso de Uruguay, la organización británica sostuvo que aunque se evidencian avances en cuanto a la investigación de los casos de violación de los derechos humanos durante la dictadura militar, se cuestiona la situación deplorable de las cárceles como también el incremento de la pobreza en los estratos más bajos.

 

Al respecto, el organismo sostuvo que la situación de las mujeres uruguayas que se encuentran presas es de una extrema gravedad, principalmente por la discriminación, la atención inadecuada en materia de salud y los obstáculos que deben enfrentar las reclusas para denunciar los abusos cometidos por guardias penitenciarios y otros reclusos.

 

En cuanto a Chile, el informe 2007 sostiene que si bien a inicios de año, la presidente Michelle Bachelet prometió avanzar en la igualdad social y en la promoción y protección de los derechos fundamentales, “aún no se han cumplido con las promesas”, en cuanto continúan los abusos provenientes de las fuerzas de seguridad.

 

Por otro lado, en Chile también se cuestiona el hacinamiento de las cáceles, donde las condiciones de supervivencia son muy duras, faltando atención médica, malos tratos y corrupción entre los guardias de prisiones.

 

En cuanto a Argentina, el panorama es igual de desalentador. Amnistía Internacional sostuvo que se han recibido informes de ataques y amenazas contra personas que participaron en juicios de ex miembros de las fuerzas de seguridad. Aquí se destaca la desaparición del testigo Julio López, uno de los querellantes en el juicio a Miguel Etchecolatz.

 

Para el organismo, en Argentina “las condiciones penitenciarias no mejoraron. Continuaron las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades indígenas”. En este sentido, el informe señala que en las provincias de Chaco y Salta, las poblaciones nativas debieron soportar desalojos y malos tratos.

 

Finalmente, el organismo con sede en Londres sostuvo que “las democracias en América Latina se ven amenazadas por instituciones crónicamente débiles y socavadas por una falta de independencia del poder judicial, por la impunidad y la corrupción endémica”.