El objetivo era claro y el programa se estaba cumpliendo sin retrasos. Al respecto el presidente Allende señalaba que “He llegado a este cargo para realizar la transformación económica y social de Chile, para abrir la senda del socialismo. Nuestro objetivo es el socialismo marxista, científico, total”.

Tomás Flores
En agosto de 1973 la inflación marcaba un incremento de 17,1% con respecto al mes anterior, lo que si bien era bastante alto no era el record ya que meses atrás se habían registrado aumentos mensuales superiores a 20%. Dicha hiperinflación reflejaba los profundos desequilibrios económicos que se habían acumulado durante la administración Allende. Eran los últimos estertores de un sistema económico que estaba muriendo para dar paso a uno nuevo, tal como había ocurrido en Cuba y otros países que habían caído tras la cortina de hierro.

El objetivo era claro y el programa se estaba cumpliendo sin retrasos. Al respecto el presidente Allende señalaba que “He llegado a este cargo para realizar la transformación económica y social de Chile, para abrir la senda del socialismo. Nuestro objetivo es el socialismo marxista, científico, total”. En dicho contexto, la expropiación de los recursos de producción junto con el gigantesco déficit fiscal y la hiperinflación desatada constituían los elementos necesarios para el establecimiento de la futura República Popular de Chile, en la cuál el sistema de mercado no es utilizado para asignar los recursos escasos, ya que es reemplazado por la administración central a cargo del Ministerio de Planificación Económica.

El Estado del País

La administración Pinochet asume el poder y se encuentra con una economía desintegrada y en virtual quiebra, dado que los activos no alcanzaban para hacer frente a las obligaciones contraídas. En ese contexto se plantean dos caminos alternativos de reconstrucción para la economía chilena. El primero privilegiaba una vuelta atrás al sistema vigente entre 1940 y fines de los sesenta, que podría ser catalogado como una sociedad buscadora de rentas (rent-seeking) bajo la cual se utilizaba el proceso político para redistribuir rentas hacia grupos organizados y con mayor poder político. Esto se traducía en una compleja malla de protecciones especiales o privilegios particulares que obligaban a que el Estado tuviera una participación creciente en la asignación de los recursos. La segunda alternativa apuntaba a la creación de un modelo de libre mercado en donde los ciudadanos tuviesen una mayor libertad para emprender en un contexto de reglas claras y objetivas. Sin perjuicio de que finalmente el Presidente Pinochet se inclinó por la opción de la economía de mercado, ambas alternativas han estado en persiste conflicto en los últimos 30 años, y en los momentos de crisis económica se ha producido un espacio para que planes corporativistas y proteccionistas se pongan en marcha, tal como ocurrió hace 20 años atrás durante la denominada crisis de la deuda.

Actualmente, Chile es el país más avanzado de América Latina en el desarrollo de una economía de mercado y de hecho los recientes acuerdos de libre comercio colocan a nuestro país por lo menos 20 años más adelante que nuestros vecinos. Este desarrollo nos ha permitido alcanzar uno de los ingresos per capita[2] más altos de la región, US$ 8.840 en 2001, así como una de las mejores clasificaciones de riesgo para invertir. Observar estos resultados teniendo en cuenta el desastre que existía en el punto de partida ha llevado a muchos investigadores a tratar de determinar las razones de este éxito y las posibilidades de replicarlo en otras naciones.

Los Pilares del Programa Económico

Al analizar la evolución económica de nuestro país, algunos autores han hablado del Milagro chileno. Creo que tal como señala Hernán Buchi, lo que ocurrió en Chile no fue un milagro. Fue un programa. Los milagros salen de la esfera de la responsabilidad humana y son dones caídos del cielo; los programas, en cambio son terrenales y deben ser elaborados en detalle.

Este programa consta de 4 pilares: La apertura de la economía, el ordenamiento de las cuentas fiscales, la independencia del Banco Central y las reformas microeconómicas sectoriales.

Tal como señala Fontaine (1993) hacia fines de 1973 la economía chilena estaba virtualmente cerrada al comercio exterior. Los aranceles de importación promediaban el 105%, además de existir varias importaciones prohibidas. Pues bien, en 1977 el arancel se había uniformado en 10% y se sometía a la economía chilena a la competencia con el exterior, lo que no ocurría desde hacia varias décadas. El proceso de reasignación de recursos en la economía es siempre complejo y resistido, dado que aún no aparecen los sectores ganadores que años después se han convertido en los principales generadores de divisas y que han colocado a Chile en el liderazgo de exportación de frutas, salmones y vino, entre otros. Este camino de apertura se recorre rápidamente y durante la administración Aylwin se dan pasos adicionales en esa dirección, llegando finalmente a la situación actual en la cual nuestro país ha establecido acuerdos de libre comercio con las principales nacionales del planeta. En este sentido, cabe recordar las palabras de Ricardo Lagos Weber quien señaló[4] que estos acuerdos no son fruto de una administración en particular, sino del esfuerzo hecho por los chilenos en los últimos 25 años.

Ordenar las Cuentas Fiscales

En segundo lugar se requería ordenar las cuentas fiscales dado que el déficit fiscal alcanzaba a más de 30% a fines de la administración Allende, sin incluir en esta última cifra el desequilibrio que se registraba en las empresas expropiadas. Así se logro reducir los gastos públicos que alcanzaban a 41% del PIB en 1973 a 31% del PIB en 1975 mientras que por otra parte los ingresos se recuperaban, con lo cual el desequilibrio fiscal se redujo a 2% del PIB en 1975. Sin embargo, este proceso de ordenamiento no sólo contemplaba el recorte de gastos superfluos, sino que también implicaba cambiar la institucionalidad que regía a este sector y ello se tradujo en una norma vigente hasta la actualidad que obliga a que todo gasto público deba tener su correspondiente financiamiento, no pudiendo éste provenir de préstamos del Banco Central. De esta manera, y aunque el déficit fiscal ha sido un tema debatido en los últimos años, sin duda existen mecanismos que impiden que un Presidente de la República pueda generar desequilibrios como los que vimos a principios de los setenta.

En tercer lugar, y ligado con el punto anterior se encuentra la independencia del Banco Central. Se otorgo autonomía al instituto emisor en la política monetaria y cambiaria, al mismo tiempo que se les encomendó velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Dicha independencia del Presidente de la República de turno impide el manejo político de la institución con fines electorales o de apoyo a la política económica del Ejecutivo. Este modelo de independencia, bastante antiguo en el mundo industrializado, es relativamente nuevo en Sudamérica y Chile inició dicho proceso antes que otros país. De allí, que probablemente si hubiese un intento de crear una moneda única en esta región, claramente el peso chileno sería un muy buen candidato dado el desempeño inflacionario de los últimos años y las perspectivas vigentes para el futuro.

Por último, se encuentran las reformas microeconómicas que contribuyen a lograr los aumentos de productividad necesarios para sostener una expansión en el largo plazo. En este proceso son de gran importancia las privatizaciones realizadas, ya que no sólo transfieren propiedad, sino que lo hacen a personas que tienen los incentivos adecuados para maximizar la productividad de esos recursos. Esto no sólo se traduce en la creación de nuevas empresas y puestos de trabajo, sino que también permite que los consumidores chilenos puedan acceder a bienes de mejor calidad a precios bajos gracias a la gran competencia existente. Estas reformas microeconómicas no han terminado y probablemente nunca tengan un punto final ya que sucesivamente la economía requiere de nuevas innovaciones y aunque actualmente sean denominadas “agenda pro-crecimiento” contienen el mismo espíritu de hace tres décadas atrás.

En conclusión, Chile protagonizó a partir de 1973 un profundo cambio estructural a los valores de la libertad y el desarrollo, iniciando un período de crecimiento sin precedentes. El gobierno que lideró ese proceso se retiró en marzo de 1990, pero su creación subsiste y fortalece, importando menos la tendencia política del presidente de turno, ya que los cimientos fueron establecidos y sobre ellos se construye el camino que conducirá a nuestro país hacia el desarrollo pleno, tal como fue planeado hace treinta años en medio del desastre en que se encontraba nuestro país. Fuente: Libertad y Desarollo