La pelea por el reparto de ingresos y por un posible superávit, comprometido con el FMI, provocó fricciones entre el gobierno central y la provincia de Buenos Aires.

RECOMENDACIÓN DEL FMI
En septiembre del 2003, el gobierno argentino y el FMI llegaron a un acuerdo
bilateral en el que se recogía, entre otras cosas, la aprobación de una Ley de
Coparticipación, referida al reparto de ingresos federales.

En un momento
en el que una nueva misión del FMI está en Argentina para realizar la tercera
revisión del programa económico acordado, el gobierno considera que no hay prisa
para llegar a un acuerdo sobre esa ley.

En su primera rueda de prensa
oficial, Rodrigo Rato recordó al Gobierno del país austral la necesidad de
llegar a un rápido acuerdo con los acreedores privados: “Es uno de los temas
clave para dejar la crisis atrás y para permitir a la sociedad argentina tener
acceso a los mercados internacionales de capital”, señaló el director gerente
del FMI.

Ante la nueva propuesta de Argentina para reestructurar los
pagos de la deuda externa impagada desde diciembre de 2001, que ya fue rechazada
por representantes de los acreedores, Rato evitó pronunciarse aunque sí insistió
al Gobierno de Kirchner que debe trabajar en un acuerdo fiscal con las
provincias, a fortalecer el sistema financiero y el clima legal para los
inversores. Otra exigencia que está pendiente es la aprobación de la ley de
responsabilidad fiscal que pone tope a los gastos de las provincias.

La
pelea por el reparto de ingresos provocó fricciones entre el gobierno central y
varias provincias, en especial la de Buenos Aires (la más poblada), y llegó a
afectar las relaciones con el influyente ex mandatario Eduardo Duhalde, cuyo
apoyo fue decisivo para la llegada de Kirchner a la Presidencia en 2003.


El presidente Néstor Kirchner y el gobernador bonaerense, Felipe Solá,
protagonizaron el viernes el primer acercamiento para intentar rebajar el nivel
de enfrentamientos verbales y acusaciones mutuas. No obstante, aún no se
pusieron de acuerdo en las cantidades que le corresponderá a la provincia de
Buenos Aires, donde vive poco más de un tercio de los 36,2 millones de
argentinos, por lo que las reuniones seguirán la semana próxima.

Solá se
queja de que con la nueva ley proyectada por el gobierno de Kirchner, su
provincia recibirá entre tres y cuatro menos de coparticipación que en la década
pasada, cuando Duhalde gobernaba el distrito.

“No hay que volverse
locos”, dijo el sábado el ministro del Interior, Aníbal Fernández, al sostener
que “hay que buscar alguna perspectiva óptima que beneficie a la provincia y no
perjudique a la nación”. Sin embargo, parece que las conversaciones se retomarán
en la Casa Rosada con el fin de llegar a un acuerdo bilateral, por el que la
provincia obtendría el pago de una deuda de 470 millones de pesos y fondos
adicionales por fuera de la Ley de Coparticipación.

El Gobierno, por su
parte, obtendría el apoyo bonaerense en el Congreso a su proyecto de ley, sin
alterarlo y sin afectar el superávit fiscal primario de 2,7% del producto bruto
interno (PBI) comprometido para pagar la deuda externa.