El acuerdo de admisión de inmigrantes clandestinos podría cerrarse próximamente. El PP ha mostrado su preocupación “por lo que afecta a Canarias”.

EL PP EXIGE PROTEGER CANARIAS
La Comisión Europea y el Gobierno de Marruecos han retomado las negociaciones
para cerrar un acuerdo de readmisión de inmigrantes clandestinos una vez que la
Comisión haya concluido las consultas que actualmente lleva a cabo con los
estados miembros interesados.

Fuentes comunitarias explicaron que la
Comisión Europea mantiene consultas con los socios de la UE “sobre algunos
puntos a negociar” en el acuerdo de readmisión con Marruecos y estimaron que
podrán concluirse en “unos quince días” después de lo cuál la negociación con
Rabat “podrá recomenzar”.

El PP
recela

El comisario europeo de Justicia e Interior, Antonio
Vitorino, confiaba antes de verano en que el próximo acuerdo de readmisión que
se firme sea con Marruecos. No obstante, Vitorino reconocía al mismo tiempo las
dificultades que existen para cerrar este tipo de convenios, particularmente
cuando incluyen no sólo a aquellos inmigrantes clandestinos originarios del país
sino también a nacionales de terceros estados que pasan por su territorio camino
de Europa.

Por su parte, la delegación del PP ante el Parlamento Europeo
ha exigido a la Comisión Europea que explique las medidas que tiene previsto
adoptar para proteger a regiones como Canarias de la inmigración ilegal, “ante
su intención de extender a Marruecos el principio de la libre circulación de
personas como ha propuesto en la Nueva Estrategia de Vecindad”.

Con este
objetivo, El eurodiputado Fernando Fernández ha presentado una pregunta
parlamentaria para que el Ejecutivo europeo aclare este “asunto ante la extrema
gravedad del fenómeno de la inmigración ilegal en Canarias y antes de que la
propuesta de Bruselas pueda entrar en vigor”.

Esta medida destinada, en
principio, a mejorar la integración económica de las regiones ultraperiféricas
en su entorno geográfico, podría plantear, según Fernando Fernández, el problema
del control de la inmigración clandestina que la Comisión Europea debe aclarar
antes de poner en marcha el principio de la libre circulación.