“El compromiso del presidente Uribe de proporcionar ayuda legal a los soldados acusados — tal como se hace en los E.E.U.U.– es un acto de justicia. Pero es tan solo una parte de lo qué hay que hacer para contrarrestar una de las herramientas más eficaces empleadas por los terroristas colombianos: la guerra judicial”.

Democracia

El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, me dijo la semana anterior, en Nueva York, que buscaría formas de ayudar al personal militar colombiano para pagar abogados en los casos en que ellos son acusados de violaciones de los derechos humanos.

“Veré la manera de ayudarles,” dijo el presidente Uribe, subrayando que “en Colombia, cada día se reciben menos y menos acusaciones contra el ejército y la policía” gracias a las reformas dirigidas a profesionalizarlas fuerzas armadas.

El compromiso del presidente Uribe de proporcionar ayuda legal a los soldados acusados — tal como se hace en los E.E.U.U.– es un acto de justicia. Pero es tan solo una parte de lo qué hay que hacer para contrarrestar una de las herramientas más eficaces empleadas por los terroristas colombianos: la guerra judicial.

Por años, las guerrilla marxista colombiana (conocida como FARC, por sus iniciales en español) han estado minando la moral y eficiencia militar a través de costosas acciones legales en los tribunales del país. Esta estrategia ha sido adoptada debido a la política de Washington que establece que cualquier oficial “creíblemente” acusado de una violación de los derechos humanos, debe ser relevado de sus funciones. No hacerlo implica arriesgar la suspensión de la financiación de los Estados Unidos al esfuerzo militar. Entonces, para los guerrilleros, presentar falsas acusaciones es algo que no tiene pérdida; significa o bien el retiro del acusado, o un recorte en la ayuda. La absolución, después de años de investigación, no es mucho consuelo para un oficial cuya carrera ha sido arruinada.

Proporcionar asistencia legal al personal militar es algo que indudablemente ayudará. Pero también ayudaría que se hicieran responsables a los acusadores — incluyendo los políticos estadounidenses ansiosos de publicidad y a los codiciosos grupos de “derechos humanos” que buscan recibir indemnizaciones por “daños”. Tal cómo está la situación, no hay ninguna consecuencia cuando se prueba que los intentos de implicar a los militares sonfraudulentos.

Un ejemplo de este problema es el juicio que el próximo mes enfrentan tres oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana acusados de bombardear en diciembre de 1998 la aldea de Santo Domingo, en el oriental departamento de Arauca. El caso ilustra las maneras cómo los rebeldes utilizan las poblaciones locales: cómo escudos humanos, cómplices en el negocio de tráfico de drogas, y acusadores en la guerra judicial.

“Santo Domingo” también es útil para dramatizar cómo alrededor de la región, la imposición de Estados Unidos de una “guerra contra las drogas”, intensifica los conflictos civiles. Mientras el negocio de la cocaína hace ricos a los terroristas, los campesinos se convierten en dependientes del mismo, y los soldados quedan expuestos a dilemas sobre derechos humanos.

El caso se inició a finales de 1998, cuando la inteligencia colombiana interceptó comunicaciones de las FARC que detallaban planes para un transporte de cocaína en las cercanías de Santo Domingo.Cuando el 12 de diciembre un pequeño avión privado aterrizó en la única carretera pavimentada que existeen el área, los militares los estaban esperando, así cómo también un grupo de habitantes locales, incluyendo mujeres yniños, que habían ido a descargar el avión.

Debido a los civiles que participaban en el manejo de la carga del avión, los militares se vieron obligados a cambiar su plan de ataque. La cocaína desapareció hacia el campo. Sin embargo, el ejército pudo desplegar tropas y se presentó una semana de enfrentamientos. Fue la muerte de 17 personas, por lo menos tres de ellas niños, los que dieron lugar a cargos contra la fuerza aérea acusándola de haber bombardeado el poblado.

En el primer semestre de 1999, una corte militar examinó la evidencia y determinó que los tripulantes del avión militar no eran culpables. Pero, bajo presión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el caso fue posteriormente reabierto por la fuerza aérea y remitido al sistema judicial civil colombiano. A pesar de no haber revisado toda la evidencia, una rama de la judicatura dictaminó a favor de tomar una acción disciplinaria contra la tripulación. La oficina de la Fiscalía General está ahora a cargo del asunto, y la tripulación está siendo acusada de negligencia.

Una razón por la cual la verdad sobre el incidente ha emergido tan lentamente es que la evidencia más crítica — una videocinta que registró los acontecimientos en tierra durante la semana de los hechos– proviene de Air Scan, un contratista civil. Los documentos en la corte dicen que Air Scan era empleada por Occidental Petroleum para ejercer vigilancia sobre el oleoducto del área, Caño Limón. Es probable que la participación de un avión civil en una operación militar era algo que los militares no tenían ninguna prisa en divulgar. Sin embargo la cinta, que a medida que avanza muestra la hora de acuerdo con el GMT, es ahora de dominio público y ofrece fuerte evidencia que los cargos contra la fuerza aérea fueron fabricados.

Ambos lados están de acuerdo en que tres segundos después de las 10 de la mañana del 13 de diciembre la fuerza aérea dejo caer una “bomba de racimo”. Pero mientras que los acusadores afirman que fue arrojada sobre el poblado, la fuerza aérea sostiene que fue arrojada sobre el sitio donde arreciaba el combate, un área boscosa situada unos 800-1000 metros por fuera de la zona urbana. La video cinta corrobora la versión de la fuerza aérea al mostrar que horas después del supuesto bombardeo, en el poblado no había ninguna señal de daños. En la tarde de ese mismo día, aparecen intactos un viejo camión rojo parqueado en el centro de la ciudad y una estación de la gasolina en la esquina, los que los acusadores dicen fueron destruidos por la bomba.

Parece también probable que la “escena del crimen” fue objeto de manipulación por parte de los guerrilleros. Dos desertores de las FARC presentes durante la semana que se prolongó la batalla dijeron a los medios colombianos y a una organización no-gubernamental denominada Verdad Colombia que los guerrilleros habían adoptado una estrategia para culpar la fuerza aérea por las víctimas civiles causadas por las FARC.

Los desertores dicen que la guerrilla había instalado en el camión rojo trampas explosivas listas para detonar cuando el ejército entrará al poblado. “En ese camión pusieron un ronda de mortero.También pusieron ANFO [una mezcla explosiva de nitrato de amonio y combustible], una cuerda detonante y metralla,” le dijo uno de los excombatientes de la FARC al noticiero de televisión Caracol. Cuando accidentalmente el carro hizo explosión antes de lo programado, él dice que se dio la orden de que ” tienen que decirle a la gente que la fuerza aérea arrojó una bomba.”

El otro desertor le dijo a Caracol que después de que el carro estallara, “se empezaron a mover los heridos y los muertos; a algunos los trajeron del monte, o sea, son muertes que no ocurrieron en el momento de la explosión. “Si los cuerpos fueron trasladados desde el campo de batalla en las afueras del poblado, esto explicaría porqué un informe de FBI concluyó que las heridas de los muertos sugirieren que fueron víctimas de una bomba de racimo.

Dado que han proporcionado importante información sobre el tráfico de cocaína a la Administración para Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, estos dos desertores de las FARC están en lista para hacer parte de un programa de los Estados Unidos de protección de testigos. Se dice que su salida de Colombia tendrá lugar antes de que puedan presentarse anteuna audiencia preliminar en octubre, en cuyo caso su testimonio se perderá. Eso sería un crimen.Washington y Bogotá le están pidiendo a valientes jóvenes colombianos que luchen la guerra contra las drogas. ¿Será demasiado pedir que a cambio se busque encontrar la verdad sobre la “guerra judicial”?

Fuente: The Wall Street Journal Las Américas