El inicio del denominado “Diálogo Guaymuras”, en el que participan representantes del Gobierno hondureño y de Manuel Zelaya y cuenta con la presencia de una delegación de la OEA, parecía abrir la pronta salida a la crisis que vive Honduras. Sin embargo, el depuesto mandatario ha puesto nuevos obstáculos a la negociación. Este miércoles ha exigido ser restituido en la Presidencia antes del 15 de octubre para aceptar un acuerdo que contemple celebrar elecciones a finales de noviembre.
Comienza el “Diálogo Guymuras”
El presidente de Honduras, Roberto Micheletti, propuso que en el “Diálogo Guaymuras” se revisen algunos temas incluidos en el “Acuerdo de San José“. “Mi Gobierno convoca a una mesa de diálogo para abordar con nuevo espíritu los temas que de alguna manera ya han sido objeto de consideración en documentos de trabajo en el diálogo de San José“, explicó el mandatario. Micheletti precisó que se tratarían “en particular dos temas cruciales que se refieren al respeto de los poderes del Estado y a la amnistía”.
El nuevo proceso de diálogo cuenta con la presencia de una delegación de la Organización de Estados Americanos en la que también hay representación española. Sus componentes llegaron este miércoles a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la base aérea Hernán Acosta Megía, al sur de Tegucigalpa, desde donde se trasladaron a un céntrico hotel, según publica la prensa local. Los países que conforman el grupo son Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, México, Ecuador, Canadá, Jamaica, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Argentina y España.
Pese a las expectativas levantadas, un comunicado de Zelaya leído por un representante viene a empañar las esperanzas de una pronta solución. A su exigencia de ser restituido le suma una novedad, pone una fecha límite para aceptar que se celebren los previstos comicios del 29 de noviembre: el 15 de octubre. El texto añade, según informa el diario el Heraldo,que de volver más tarde a la presidencia “se debe correr el calendario electoral conforme al periodo de tiempo que marca la ley: tres meses de campaña como garantía para la igualdad de competencia y la participación ciudadana”.
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