En el caso de que, contra lo anunciado ayer, el polaco Lech Kaczyski ratificara finalmente el Tratado de Lisboa este fin de semana, la firme negativa de Vaclav Claus a firmarlo sería el último obstáculo a la entrada en vigor del documento. En un nuevo pulso al resto de jefes de Estado, el presidente checo pone una nueva condición para estampar su firma: una modificación que impida que los miembros de la antigua minoría alemana pueda reclamar la recuperación de sus propiedades.
Para evitar posibles reclamaciones
En concreto, Vaclav Klaus quiere que se incluya una nota al pie de página de la Carta de Derechos Fundamentales incluida en el Tratado de Lisboa en la que se impida que los descendientes de los tres millones de miembros de la minoría alemana expulsados de Checoslovaquia tras la II Guerra Mundial puedan reclamar la devolución de los bienes que entonces les fueron confiscados. El presidente de la República Checa quiere salvaguardar así la soberanía del poder judicial de su país.
Klaus hizo saber el jueves al primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, que quería que se introdujera una nota a pie de página en el documento antes de proceder a su firma y una vez que el Tribunal Constitucional checo diera su visto bueno, aunque no había especificado de qué trataba la nota, según informó Europa Press. “Su petición es que para República Checa haya un acuerdo similar (…) al de Polonia y Reino Unido en la ratificación de la Carta de Derechos Fundamentales”, explicó Buzek.
El Tratado de Lisboa, una vez ratificado, convierte en legalmente vinculante la Carta de Derechos Fundamentales, ya existente, en todos los Estados miembros salvo en Reino Unido y Polonia, que consiguieron quedarse fuera con el respaldo de los Veintisiete. Diplomáticos europeos conocedores del proceso legal de la UE indicaron que el Gobierno checo, y no Klaus, podrían pedir a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete que aprueben una denominada “declaración política” en la cumbre de finales de este mes en Bruselas que podría adjuntarse al tratado. Esto sería similar a las garantías legales que se dieron a Irlanda después de que rechazara el Tratado en el referéndum de junio de 2008.
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