En el momento en el que el presidente Barack Obama firme la norma, aquellos presos que vayan a ser juzgados por los tribunales estadounidenses podrán ser trasladados desde la base de Guantánamo hasta territorio de Estados Unidos. La medida para que esto fuera posible consiguió el respaldo de una amplia mayoría de senadores una semana después de su aprobación en la Cámara de Representantes.
Tras la aprobación del Senado
Para su tramitación en las dos Cámaras del Congreso de los Estados Unidos, la medida fue incluida como acompañamiento de un proyecto de presupuestos del Departamento de Seguridad Interior para el actual año fiscal, por un monto de 42.800 millones de dólares. Una vez que ha pasado el trámite parlamentario, necesita la firma del presidente estadounidense, Barack Obama, para convertirse en ley.
El Senado aprobó la medida por 79 votos a favor y 19 en contra una semana después de que fuera aceptada por la Cámara de Representantes, con 307 votos a favor y 114 en contra, según informó Europa Press. La norma elimina muchos de los obstáculos a los que el Gobierno se enfrenta para cumplir con su compromiso de cerrar el centro de detención para enero de 2010.
El inquilino de la Casa Blanca anunció el futuro cierre de la polémica prisión norteamericana en su segundo día en el cargo y dio un margen de un año para conseguir su objetivo, aunque desde entonces ha tenido que enfrentar numerosos obstáculos legales, políticos y diplomáticos. Tampoco lo tuvo fácil en el Congreso, a pesar de que el Partido Demócrata controla la Cámara de Representantes y el Senado.
Muchos republicanos se han opuesto a que los presuntos terroristas retenidos en Guantánamo sean juzgados ya que entienden que su traslado a EEUU podría suponer una amenaza a la seguridad del país. Algunos incluso consideran que muchos de los presos no merecen protección legal de la administración estadounidense y creen que deberían ser juzgados en tribunales militares en Guantánamo. La propuesta aprobada por la Cámara de Representantes permitirá el traslado de los presos a Estados Unidos sólo en el caso de que vayan a ser juzgados en tribunales de este país. Además, el Gobierno deberá presentar una evaluación de los riesgos y avisar con catorce días de antelación.
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