La Organización Médica Colegial (OMC) de España aseguró que “no se ajusta a la verdad” que la reforma a la Ley del Aborto que se tramita en el Congreso de los Diputados implique más garantías jurídicas a los profesionales sanitarios. Por ello, pide que en la nueva normativa se incluyan “mínimas garantías” como, por ejemplo, un sistema que “impida irregularidades” en los informes médicos que avalan que el embarazo supone un peligro para la salud psíquica o física de la embarazada.

 

La OMC propone que en los “hospitales públicos y en cualquier centro en que se realicen abortos las comisiones técnico-éticas que establezcan la legalidad o no de la interrupción voluntaria del embarazo.”

 

En un comunicado de prensa muy crítico, los médicos colegiados rechazan que la reforma a la ley les dotará de mayor seguridad jurídica al momento de realizar una interrupción voluntaria del embarazo. Piden, además, que se elabore un protocolo de consentimiento informado que ofrezca garantías de validez y respeto a la opinión y autonomía de la mujer, con “información de la naturaleza de la intervención y sus riesgos”.

 

La organización advierte que, como no puede ser de otra manera, sus agremiados aceptarán las leyes emanadas del Poder Legislativo pero, advierte, “sometiéndolas siempre al valor superior de la libertad de conciencia de cada uno”. En ese sentido, subrayan que, “de acuerdo con el Código de Ética y Deontología Médica, la profesión médica está al servicio de la vida humana”.

 

Por ello, insisten en que la objeción de conciencia es un derecho fundamental e irrenunciable. Así, la OMC aplaude que se reafirme ese derecho constitucional para todos aquellos profesionales que deban intervenir como cooperadores necesarios en la práctica de un aborto.