Con el anuncio por parte del procurador general Eric Holder de una investigación judicial del Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la persecución de esta agencia contra el “Tea Party” y otros grupos conservadores, se ha planteado una pregunta crucial: ¿Qué leyes federales se podrían aplicar de forma pertinente a la errónea conducta de los empleados del IRS?

Existen diversas disposiciones que serían potencialmente aplicables. Es importante tener en cuenta que la mala conducta de los empleados del IRS impidió que numerosas organizaciones obtuvieran inmediatamente el estatus de exención de impuestos al que tenían derecho, puesto que reunían las calificaciones establecidas por el Código de Recaudación Interna. De hecho, algunas de ellas aún no han recibido esa autorización por parte del IRS.

Entre las disposiciones estatutarias que pueden haber sido infringidas y que se tipifica en el Código Federal de Estados Unidos (U.S. Code) se incluyen:

· Código Federal de Estados Unidos, Título 26 § 7214: Delitos de los responsables y empleados de Estados Unidos. Esta ley se aplica a cualquier responsable o empleado de Estados Unidos que “con intención de frustrar la aplicación de alguna disposición del [Código de Recaudación Interna] no cumpla con cualquiera de las obligaciones de su cargo o empleo”. Esto se castiga con el cese del empleo, una multa no superior a $250,000 (según la Ley de Multas Alternativas, Código Federal de Estados Unidos, Título 18 § 3571) y una pena de prisión no superior a cinco años.

· Código Federal de Estados Unidos, Título 18 § 241: Conspiración contra los derechos. La Sección 241 convierte en ilegal el que dos o más personas “conspiren para lesionar, reprimir, amenazar o intimidar a cualquier persona en…el libre ejercicio o disfrute de cualquier derecho o privilegio garantizado en su persona por la Constitución o las leyes de Estados Unidos”. Estas violaciones están castigadas con una pena de prisión de hasta 10 años y una multa de $250,000.

· Código Federal de Estados Unidos, Título 18 § 242: Privación de derechos al amparo de la ley. La Sección 242, promulgada como estatuto tras la Guerra Civil, hace ilegal que alguien actúe amparándose en una ley, estatuto, ordenanza, regulación o costumbre para privar deliberadamente a una persona de cualquier derecho, privilegio o inmunidad garantizados o protegidos por la Constitución o las leyes de Estados Unidos. La violación de esta ley supone una falta castigada con hasta un año de cárcel y una multa de $100,000.

· Código Federal de Estados Unidos, Título 18 § 1001: Declaraciones o anotaciones en general. En su testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes del pasado 15 de mayo, Holder mencionó el enjuiciamiento de posibles falsas declaraciones. Se estaba refiriendo a la sección 1001, que convierte en delito el que alguien haga “de forma material cualquier declaración o representación falsa, ficticia o fraudulenta” sobre cualquier cuestión dentro de la jurisdicción de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial. Así por ejemplo, si un agente del IRS que participara en la mencionada persecución hiciera una declaración falsa acerca de la misma a su supervisor, a otro miembro del IRS o al inspector general (o hace posteriormente una declaración falsa a los agentes del FBI y a los fiscales federales que estarán entrevistando ahora a los empleados del IRS), ese agente podría ser hallado culpable de la violación de esta ley. Es más, el excomisionado del IRS Douglas Shulman testificó (pero no bajo juramento, por lo que no sería aplicable la ley de perjurio) en marzo de 2012 ante el Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara, donde supuestamente negó que el IRS tuviera en su punto de mira a los grupos conservadores. Si se trató de una falsedad intencionada, también él se podría enfrentar a una acusación de responsabilidad criminal según esta sección. La posible pena por violar esta disposición es de cinco años de encarcelamiento y una multa de $250,000.

No hay datos en el informe hecho público por el inspector general de la Administración Tributaria del Departamento del Tesoro de que alguien en la Casa Blanca tuviera conocimiento de lo que estaba haciendo el IRS. Pero si se descubre dicha conexión durante la investigación del Departamento de Justicia, entonces podría entrar en juego la aplicación del Código Federal de Estados Unidos, Título 26 § 7217, que prohíbe que el presidente, el vicepresidente o cualquiera de sus empleados (así como los secretarios de gabinete) soliciten “directa o indirectamente” que el IRS “realice o concluya una auditoría u otra investigación a un contribuyente particular”. La violación de esta disposición puede ser castigada con pena de cárcel de hasta cinco años y una posible multa de $250,000.