Ya han pasado 15 años desde las trágicas muertes de manifestantes pro-democracia en la plaza de Tiananmen en Junio de 1989 y las reformas nunca llegan

James A. Dorn
Actualmente China es una de las economías más abiertas del mundo, con
exportaciones más importaciones llegan a ser cerca de un 62 por ciento del PIB.
Sin embargo, poco se ha hecho para limitar el poder que tiene el Partido
Comunista Chino (CPP, según sus siglas en inglés) sobre los derechos humanos
fundamentales.

Las libertades de expresión y asamblea son garantizadas
en la Constitución china pero carecen de soporte en la ley. El CPP sigue usando
su posición monopólica para enriquecer a los suyos a expensas del público. Los
peces pequeños pueden ser agarrados pero es raro que los altos oficiales del
partido sean destituidos o penalizados por comportamientos corruptos. Los
líderes locales imponen impuestos arbitrarios a los agricultores; confiscan
tierras sin compensación justa y los desarrolladores de bienes raíces en áreas
urbanas usan sus conexiones dentro del Partido para despojar de sus propiedades
a los viejos dueños que tienen pocos recursos para emprender acciones legales.


De esta manera, mientras que China ha puesto en regla sus relaciones
comerciales, su progreso para poner en regla las libertades personales es
deprimente. Ese fracaso impedirá que China desarrolle todo su potencial porque,
a menos que las personas sean libres para perseguir sus sueños y ejercer sus
derechos naturales a la libertad y propiedad, no pueden desarrollarse
plenamente.

Las enmiendas recientes a la Constitución de la PRC
(República Popular China, según sus siglas en inglés), que fue aprobada por el
Congreso Nacional Popular (NPC, según sus siglas en inglés) en marzo de este
año, suena bien pero carece de un mecanismo creíble de enforzar la ley. No
existe un sistema judicial independiente ni una comisión constitucional que
protege tanto a las personas como a la propiedad.

El Artículo 13
establece que “La propiedad privada legítima no puede ser violada”, y el
Artículo 33 que “El Estado respeta y salvaguarda los derechos humanos”. Esas dos
enmiendas indican la importancia creciente del sector privado para el futuro
desarrollo de China. Como afirmó Wang Zhaoguo, vicepresidente del comité
permanente del NPC: “Con desarrollo económico y una mejora en los niveles de
vida, muchas personas tienen diversos niveles de propiedad privada o de factores
de producción. Por lo tanto encuentran una necesidad fuerte y urgente para que
sus propiedades sean protegidas”.

Infortunadamente, no es probable que el
CCP socave su poder respetando los derechos de propiedad. La pura esencia del
Partido Comunista es la de negarle a otros los derechos que exige para sí mismo
y sólo la propiedad estatal se considera “sagrada”. La realidad es que la
inequidad de poder, no de derechos, es la marca del CCP. En la “República
Popular” algunas personas son más iguales que otras. Aquellos que se sientan en
el Comité Permanente del Politburó son más iguales que los oficiales locales y
los miembros del CCP son más iguales que los ciudadanos corrientes.

La
relación entre el individuo y el estado es todo lo contrario. Como anota el
reformador constitucional Cao Siyuan, los ciudadanos deberían ser los amos y el
estado el siervo, pero es justamente lo opuesto. Aquellos que traten de volver
el sistema político chino hacia la forma correcta serán tratados con dureza,
como fueron tratados los valientes líderes del movimiento democrático y el ex
Secretario General del Partido Comunista, Zhao Ziyang, quien continúa bajo
arresto domiciliario simplemente por sugerir el diálogo en lugar de la fuerza
para resolver el impase en la Plaza de Tiananmen.

Antes de 1989, China
estaba comenzando a liberalizar su sistema tanto económico como político. Hoy,
no puede regresarse a la planeación central, pero el legado de esa era es un
aparato político que es inconsistente con los derechos a la propiedad privada y
de libertad individual. Según Li Shuguang, un profesor de la Universidad de
Política y Leyes de China, el código civil en ese país refleja la pérdida de
libertad que trajo la economía planificada.

Sin duda la liberalización
económica ha abierto grietas en el edificio estatal. Los individuos tienen más
espacio personal que el que tenían antes del crecimiento del sector no estatal y
existe una naciente sociedad civil que se está desarrollando por fuera de la
sociedad política. La política ya no domina la vida cotidiana como lo hacía
durante la Revolución Cultural.

Ahora las empresas estatales contribuyen
tan sólo con un 20 por ciento de la producción industrial y emplean mucho menos
trabajadores que incluso hace una década. Los individuos pueden poseer casas,
viajar al exterior, usar la Internet, trabajar en el sector privado y hablar más
libremente. Pero todas esas libertades están restringidas: el estado sigue
controlando los medios de comunicación, limitando las opciones de inversión y
prohibiendo la privatización masiva de sus activos.

La adherencia de
Beijing al socialismo de mercado es entendible dados los ingresos que pueden
saquear los oficiales del partido, esto debido a que continúan controlando los
gastos de inversión y distribuyendo fondos por medio de la política en lugar de
tasas de interés de mercado. Permitir la libertad del capital y la privatización
masiva despolitizaría la vida económica y acabaría con el monopolio de poder del
partido.

Puede ser que China no tenga más opción que abrir su mercado de
capitales y permitir la libertad de prensa si quiere convertirse en un jugador
estelar en los mercados financieros globales. Las fuerzas de la globalización y
la revolución de la información pueden ser el camino de China hacia la libertad.
La continua contracción del sector estatal eventualmente hará obsoleto al CCP.
La reforma política entonces se hará desde abajo, como la reforma económica. El
estado podría entonces desempeñar su rol legítimo de protección a los derechos
humanos fundamentales y reconocer la propiedad privada como base de la libertad.
Esa es la visión que todo liberal chino desea y que cada ciudadano chino merece.


James A. Dorn es vicepresidente de Asuntos Académicos del Cato
Institute, experto en temas relacionados a China y coeditor de “China´s Future:
Constructive Partner or Emerging Threat?”.