El desarrollo de la técnica ha hecho de los trasplantes algo cada vez más factible y menos peligroso a largo plazo. Aunque el primero se realizó en 1956 –un trasplante de riñón en una clínica de Boston–, el despegue de esta técnica se produjo en la década de los 70. Desde entonces, el número de intervenciones no ha dejado de crecer. El problema es que también ha crecido, y a un ritmo mayor, la demanda de órganos, fundamentalmente de riñones.
 

Este problema generó un debate en muchos países. La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha opuesto repetidamente a todo lo que suponga una comercialización de órganos. Siguiendo estas recomendaciones, el Congreso de Estados Unidos prohibió en 1984 cualquier tipo de retribución económica a cambio de la donación de un órgano. Sin embargo, desde entonces no han faltado voces pidiendo una revisión del debate. De hecho, en Singapur y Australia ya se han aprobado unas pequeñas pagas compensatorias para los donantes.
 

No obstante, el único estado donde actualmente es legal la libre comercialización de órganos es Irán. De ahí que muchos investigadores hayan vuelto sus ojos a este país para aprender de su experiencia. Sin embargo, no se han sacado conclusiones definitivas que permitan aclarar el debate.
 

Como explicaba un reportaje de The Guardian en mayo de 2012, para unos la experiencia ha sido un éxito, ya que se ha reducido drásticamente la espera para conseguir un riñón, y por tanto las muertes asociadas a esta espera. Para otros, la supuesta regulación estatal del mercado no ha sido efectiva.
 

En la práctica, se ha producido una explotación del sector más pobre de la población, necesitado de conseguir dinero rápido y poco informado sobre los riesgos a medio y largo plazo para su salud. Según datos de la agencia iraní Mehr, la mayoría de las personas que venden uno de sus riñones tiene entre 20 y 30 años, y pertenece a las clases más pobres de la sociedad. Algo similar ha ocurrido con el mercado de los vientres de alquiler en algunos países. 

 

Sin embargo, los partidarios también tienen sus razones. En una serie de artículos a favor y en contra publicados en elNew York Times (21-08-2014), nueve expertos –investigadores, profesores de universidad, jefes de servicios de trasplantes en diversos hospitales norteamericanos– explican sus motivos para apoyar u oponerse a una hipotética legalización.

Los datos relacionados con las listas de espera y el coste de los tratamientos alternativos al trasplante –fundamentalmente la diálisis– constituyen un argumento para quienes defienden la legalización. En Estados Unidos, en 2012 había unas 95.000 personas esperando a recibir un riñón, pero solo se realizaron 16.500 trasplantes; 4.500 personas murieron antes de que llegara el riñón deseado. El tiempo medio de espera es de 4,5 años, y ha aumentado un 50% en la última década. Otro dato importante para los posibles receptores es el de la esperanza de vida: se calcula que una persona de 45 a 50 años que recibe un riñón vive, en condiciones normales, unos 23 años más; en cambio, si en vez de eso continúa con la diálisis, su esperanza de vida es de ocho años.

Un factor más es el económico: si se multiplica lo que cuesta el tratamiento con diálisis de un año por el tiempo medio de espera hasta que se consigue el riñón compatible, el resultado es un gasto de 350.000 dólares por paciente. En cambio, la operación de trasplante cuesta aproximadamente 150.000 dólares, a los que habría que sumar el gasto en los inmunodepresores necesarios para que el receptor no desarrolle rechazo al órgano trasplantado, y el seguimiento al donante. Según algunos cálculos, la opción del trasplante ahorra más de 100.000 dólares por paciente, por lo que habría margen para compensar económicamente al “vendedor”.
 

Otro argumento aducido por los partidarios de la legalización es el que se ha empleado al debatir sobre otras prácticas, como la del aborto, y consiste en que “si no se legaliza, se seguirá haciendo de todas formas, y además sin control por parte de la autoridad”.
 

Lo que se propone no es la compraventa de órganos entre particulares, sino la retribución económica al donante
 

En el caso de la donación de órganos, lo que se propone no es una liberalización total. Según lo formula Alexander Berger en un artículo de opinión publicado en el New York Times (6-12-2011), solo el gobierno –o alguna entidad no de lucro designada por él– podría adquirir los riñones, que luego atribuiría a los pacientes en lista de espera según un criterio de necesidad. Los costes de la operación y del tratamiento postoperatorio tanto del donante como del receptor serían asumidos por el seguro médico que cubra al receptor, ya sea público o privado.
 

En cuanto a la bonificación o compensación al donante, algunos piden una retribución económica. Haciendo una estimación basada en el riesgo –más bien bajo– de la operación, las semanas de trabajo perdidas por la intervención, el tratamiento postoperatorio y la pequeña merma en calidad de vida que pueda sufrir, calculan que la cantidad debería rondar entre los 15.000 y los 25.000 dólares. Otros piensan que debería ser mayor, hasta 50.000 dólares, para que el posible donante tenga un suculento incentivo para ser generoso, y no solo la promesa de no perder dinero.
 

En el fondo, las dos propuestas derivan de sendas concepciones distintas: mientras la primera plantea simplemente eliminar los desincentivos para la donación de órganos, la segunda se puede entender como una cierta mercantilización, pues, aunque propiamente no hay condiciones de mercado libre (ley de la oferta y la demanda), sí existe un ánimo de lucro.
 

Precisamente el hecho de lucrarse vendiendo el propio cuerpo es uno de los aspectos que más repugnan a los contrarios a la mercantilización de las donaciones. En un libro titulado Lo que el dinero no puede comprar, el filósofo americano Michael Sandel recogía el debate suscitado entre dos pensadores sobre la práctica, común en Estados Unidos, de donar sangre por dinero. El sociólogo inglés Richard Titmuss, que estaba en contra, señalaba dos reparos: uno relativo a la ya mencionada explotación de los pobres y otro de carácter sociológico: la comercialización de una práctica que hasta entonces ha sido altruista socava el principio de cooperación gratuita, importante como “pegamento” en cualquier sociedad. Además, según Titmuss, una vez que la gente empieza a ver la sangre como una mercancía que se compra y se vende es menos probable que sienta la responsabilidad de donarla de modo altruista, por lo que incluso podría bajar el número total de donantes.
 

Los defensores de la legalización señalan que, aunque efectivamente el perfil del donante será mayoritariamente de clase baja, el análisis de las listas de espera señala que los principales beneficiados pertenecerían a esta misma clase. Además, para evitar que las personas con pocos recursos tomen la decisión de donar precipitadamente, acuciadas por una urgencia económica, se establecería un periodo de reflexión de unos seis meses, en los que los posibles donantes recibirían asesoramiento para que no se dejen llevar por una falsa idea del efecto que tendrá la retribución en su economía. También se les informaría de los previsibles riesgos para su salud.
 

En cuanto a la repercusión sobre la donación altruista, si bien es cierto que la compensación económica para el donante puede debilitar el sentimiento de solidaridad social, muchos estados ya benefician fiscalmente a los que, por ejemplo, cooperan con alguna fundación u ONG.

Se trataría, por tanto, de incentivar al donante, aunque la frontera con el mero lucro es muy borrosa. Además, un modelo en el que los difuntos se comprometan a donar sus órganos a cambio de una recompensa para sus herederos –como proponen dos economistas en un artículo para The Wall Street Journal (18-01-2014)– puede generar la escabrosa situación de que se presione a las personas mayores desde dentro de la familia para que donen. A estas y otras presiones sobre los más necesitados y vulnerables habría que estar muy atento en caso de que se permitieran las bonificaciones económicas.
 

Por ello, expertos como Alexander Capron –antiguo director del departamento de ética, comercio y derechos humanos de la OMS– y Francis Delmonico –expresidente de The Transplantation Society– piensan que habría que optar por una vía intermedia entre la gratuidad y la comercialización, que consistiría en cubrir los gastos para el donante. Como explican en The New York Times (21-08-2014), “estos gastos incluirían los costes de ser evaluado como posible donante, el transporte a la clínica, el cuidado posterior a la operación y el sueldo perdido”. Según los autores, “esto incrementaría notablemente el suministro de riñones sin crear un mercado de órganos”.

Otro de los participantes en el debate, Jeremy Chapman, del Westmead Hospital en Sydney, advierte que sería más importante mejorar el sistema de recolección de órganos, pues en EE.UU. cada año se descartan centenares de riñones donados.