América, Política

Adiós La Haya

Al reconocer competencia para conocer de la demanda boliviana, la Corte Internacional de Justicia no deja a Chile otro camino que denunciar el Pacto de Bogotá que nos obligaría a comparecer a esa corte ante futuras demandas de Bolivia.


Hay razones prácticas y de principios para adoptar esa decisión.

Desde el punto de vista práctico, es evidente que si Chile no está dispuesto a ceder soberanía sobre su territorio, no puede aceptar que la corte decida sobre la petición boliviana de imponernos la obligación de una pronta y efectiva negociación para otorgarle una salida soberana al Océano Pacífico. Chile, dados los caprichosos criterios del tribunal, corre el riesgo de que cambie la condición del acceso de Bolivia al Pacífico desde uno no soberano a otro con soberanía, lo que implicaría cesiones territoriales. Es cierto que denunciar el pacto no nos exime de la obligación de seguir esta demanda y cualquier otra que se presente de aquí a un año, pero está visto que la estrategia boliviana será usar y abusar cuantas veces sea necesario del recurso de recurrir a la corte y es preferible en el futuro usar otros mecanismos de resolución de controversias.

Pero también hay razones de principios en esta decisión.

Al reconocer la jurisdicción de un tribunal, lo que las partes hacen es delegar a un tercero una decisión de interpretación de la ley sobre la que no tienen acuerdo. Ello es propio de sociedades civilizadas en la medida que de persistir el desacuerdo, la resolución del conflicto podría llevar incluso al uso de la fuerza para dirimirlo.

Sin embargo, esta decisión se basa en un supuesto fundamental: la Corte debe fallar en derecho. Ello porque esa es la única manera de garantizar la existencia de lo que los anglosajones han llamado el “rule of law”, que da garantías a las partes de que se aplicarán criterios conocidos y objetivos para fallar. Es la existencia de este “rule of law” o “estado de derecho” lo que garantiza a las partes que la decisión no será arbitraria.

Desgraciadamente la Corte de La Haya, ya con ocasión de la demanda peruana de delimitación marítima fijó un límite arbitrario sin ajustarse a derecho. Al reconocer competencia en este caso, reitera su comportamiento.

Como lo expuso la defensa chilena, la Corte carece de jurisdicción para juzgar asuntos resueltos por un tratado anterior al Pacto de Bogotá, como es el de 1904.

Al desconocer este argumento, la Corte Internacional de Justicia deja de tener para las partes el carácter de un tribunal que falla en derecho y renuncia de esta manera, de hecho, a ejercer el rol que los signatarios del Pacto de Bogotá le confirieron.

Como lo señaló el ex Canciller Hernán Felipe Errázuriz antes de conocerse el fallo, “tampoco la Corte podría desconocer las gravísimas incertidumbres que generaría para el sistema y la paz internacional, y para la estabilidad de las fronteras, un eventual fallo que acogiera las pretensiones de Bolivia, de alterar por una decisión judicial posterior un límite establecido por un tratado vigente y reconocido por ambas partes”.

La penetración de criterios ideológicos y la atención a intentos de victimización pueden hacer estragos en la labor de los tribunales. El activismo judicial es un verdadero cáncer que corroe el estado de derecho al desconocer el concepto fundamental de un estado libre de que las personas están sujetas al “gobierno de las leyes y no de los hombres”.

Los nacionales de un país no pueden eludir la jurisdicción de los tribunales del territorio en que viven, por eso el activismo judicial hace tanto daño a la libertad en una sociedad al ser sus consecuencias ineludibles. Pero en materia internacional, la jurisdicción de un tribunal como el de La Haya se ejerce solamente sobre aquellos que voluntariamente se someten a él.

Chile debe por lo tanto denunciar el Tratado de Bogotá y desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver controversias con sus vecinos. Aparentemente, Chile ha perdido con este fallo, pero en la realidad, quienes más han perdido son la propia Corte, cuya legitimidad queda en entredicho, y el derecho internacional, que ve degradarse un instrumento muy útil en la aplicación de justicia.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD, publicada en El Mercurio.-

Este artículo está en Libertad y Desarrollo.

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