El Gobierno de Bolivia ha levantado el estado de sitio en la región de Pando (norte), pero seguirá actuando en ese departamento para “garantizar la vida y la seguridad de las personas” han dicho fuentes oficiales. La oposición ejerció una fuerte presión debido al arresto del ex prefecto, Leopoldo Fernández.

Pero enviará más tropas
La información ha sido suministrada por el ministro de Defensa, Walker San Miguel, en una entrevista a los medios estatales Televisión Boliviana y Radio Patria Nueva coincidiendo con el restablecimiento de las garantías constitucionales que habían sido restringidas en septiembre.

El ministro ha sostenido que los efectivos militares que se trasladaron a Pando en el estado de sitio “no se replegarán”, sino que se incrementarán en 300, para llegar a 1.500, a los que se sumarán otros 300 policías para “garantizar la seguridad en Cobija, Filadelfia, Porvenir y los lugares afectados por quienes mataron a ciudadanos”.

El Gobierno de Evo Morales decretó el estado de sitio en la región de Pando a mediados de septiembre pasado para poner fin a una ola de violencia que causó la muerte de alrededor de 20 personas, la mayoría campesinos.

La “comisión de la verdad” enviada por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y coordinada por el argentino Rodolfo Mattarollo adelantó esta semana en Buenos Aires parte de lo que será su informe, en el que se califica lo ocurrido como “masacre” de campesinos.

Mattarollo tiene previsto presentar el día 25 de noviembre este informe a la presidenta pro témpore de Unasur, la gobernante chilena Michelle Bachelet.

San Miguel ha anunciado además que el próximo año se creará un comando amazónico para reducir los costos que supone trasladar a militares de otras regiones a esta para reforzar la seguridad.

Denuncia de la oposición

Por su parte, los gobernadores opositores de Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija han anunciado que demandarán penalmente al Gobierno de Morales por su presunta falta de respeto a los derechos del ex prefecto Fernández.

La decisión ha sido tomada en la ciudad amazónica de Trinidad, donde se reunieron el gobernador de Beni, el anfitrión Ernesto Suárez, y sus colegas de Santa Cruz, Ruben Costas, de Chuquisaca, Savina Cuéllar, y Tarija, Mario Cossío.

Según un comunicado de prensa de la Prefectura cruceña, los líderes opositores han informado que la denuncia contra el Gobierno se hará por su falta de respeto a las normas y las detenciones “ilegales” que realiza, como, a su juicio, ocurrió con Fernández.