Este gobierno considera fundamental que el tipo de cambio sea alto para incentivar el crecimiento. Le guste o no, esto significa que el precio de los bienes tendrán que ser altos respecto del costo argentino.

Aldo Abram
En una exposición agropecuaria en la ciudad de Viedma, el Presidente de la Confederación Rural Argentina, Mario Llambías dijo que el sector que representa sentía que “cuando se quiere desarrollar el país, nos dejan afuera y esto nos preocupa”.

Respetuosamente, nos permitimos diferir con esta apreciación. El actual gobierno no ha dejado al agro afuera del “Modelo de Desarrollo K”, muy por el contrario son una parte imprescindible del mismo y lo demostraremos. Este gobierno considera fundamental que el tipo de cambio sea alto para incentivar el crecimiento. Le guste o no, esto significa que el precio de los bienes (que se pueden exportar o importar) tendrán que ser altos respecto del costo argentino. Éste está principalmente compuesto por el sector público, que, lejos de disminuir, se ubica en un récord histórico (presión tributaria) y por el ingreso de los ciudadanos. Esto significa que el poder de compra de bienes de los salarios tendrá que ser bajo y deberá serlo aún más para compensar el mayor gasto estatal.

El problema que surge es que eso es contradictorio con las premisas de gestión del gobierno. En primer lugar, este gobierno es populista de izquierda (socialistas son Tabaré Vázquez, Michelle Bachelet o Ricardo Lagos). Por lo tanto, no puede permitir que los trabajadores tengan bajo poder de compra. Dado que mucho de lo que exportamos es lo que éstos consumen, la respuesta fue la creación y aumento persistente de las retenciones y de las restricciones a las ventas externas de estos productos. Es cierto que el gobierno dice que este es un “modelo pro-exportador” y parecería demostrarlo el 56% de crecimiento que tuvieron las ventas al exterior desde el mínimo de 2002 hasta fines de 2005. Sin embargo, surge claramente que es falso cuando vemos que en el mismo período crecieron más del doble las exportaciones de dos economías vecinas absolutamente distintas entre sí, Brasil y Chile. El fuerte crecimiento de Asia del Este impulsó la demanda mundial de los productos de la región y, con ella, sus precios. Mientras otros países se subieron a este “tren de desarrollo”, la Argentina va colgada del último vagón.

Entonces, ¿a quién favorece el tipo de cambio alto? A los sectores locales que producen bienes que compiten con los importados, cuyos precios son elevados por la fuerte depreciación del peso y por el proteccionismo que prima en este gobierno. Debe tenerse en cuenta que cuando se restringe una importación o se le pone un arancel para su ingreso, lo que se hace es elevar su costo de entrada al país y permitirle elevar lo que cobran los productos locales que compiten con ellas. Ese mayor precio implica un subsidio que va del bolsillo de los consumidores de dicho bien directamente al del empresario que lo produce. Por otro lado, sus costos salariales se mantienen bajos a fuerza de subsidiar a los consumidores con los ingresos de los productores de bienes exportables.

¿Cómo es esto? Un productor de un bien que se puede exportar tiene la opción de venderlo afuera cobrando el precio internacional menos la diferencia de costo de comercialización en el exterior. Para vendérselo a un consumidor local le exigirá ese mismo valor o lo exportará. Si el gobierno le cobra una retención, al comprador doméstico le cobrará un precio que se reducirá en dicho impuesto o lo venderá al exterior. Por ende, hay un subsidio directo del bolsillo del productor de bienes exportables al consumidor por la diferencia con el precio internacional que este último no paga.

Para tener una idea “numérica” de lo que estamos hablando: El sector ganadero pierde, por año, más de $ 1.800 millones por las retenciones a las exportaciones, que se distribuyen entre lo cobrado por el Estado y lo recibido por los que pagan su productos más barato. En tanto, las restricciones a la exportación de carne significan, en términos anuales, otra transferencia a los compradores locales por más de $ 1.500 millones. Si analizamos el sector productor de soja, maíz y trigo, la transferencia de ingresos a la demanda interna y al sector público fue de más de $ 25.000 millones desde 2002 hasta fines de 2005.

Por otro lado, el gobierno considera que tiene la función fundamental de redistribuir riquezas y las retenciones son un instrumento para ello, se les saca a los ricos y se les da los pobres. Por ende, no son impuestos distorsivos como proclamamos algunos economistas. Además, para esta gestión, el motor de crecimiento es el sector público por lo que un peso que se detrae del sector privado y se gasta en el Estado genera un aumento de la actividad. Por ende, dada estas dos premisas de gestión, difícilmente haya alguna baja relevante de las retenciones en el futuro. Téngase en cuenta que el campo proveyó casi el 60% de las retenciones en 2005 y estas fueron el 18% de la recaudación tributaria del gobierno nacional.

Por lo tanto, mal que les pese a los señores productores agropecuarios, el sector tiene un rol imprescindible para el “Modelo de Desarrollo K”. Son los que pagan la cuenta de la fiesta.

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Aldo Abram es economista argentino y Director General de la Consultora EXANTE.