El problema es que, en el gobierno, piensan que las condiciones de prestación de los servicios públicos y sus tarifas deben ser un mero instrumento para la prioritaria
distribución de la riqueza. Por ende, debe ser un funcionario el que fije esas reglas de juego y a quiénes, cuándo y cuánto se les aumentarán los servicios. Pierden de vista que
solamente un “boom” de inversiones en el sector garantiza el acceso de los que no gozan de estas prestaciones, en general los más pobres.

Aldo Abram
La ministra de Economía Felisa Miceli cumple un año de gestión y hay que reconocerleel mérito de haber sostenido la solvencia fiscal. No es un tema menor; ya que las históricas crisis argentinas llegaron por desmanejos del gasto o por el descontrol monetario y cambiario. Ejemplo de lo primero fue la debacle de 2001 y de lo segundo,las hiperinflaciones de 1989/90.

Respecto a las políticas antiflacionarias, el último año mostró claroscuros. Por parte del Banco Central, hubo una moderación en la emisión de pesos no deseados por la gente
con el fin de comprar divisas, lo que desaceleró la suba de precios. En tanto, se sostuvoel tipo de cambio alto y se aumentaron las reservas, con más endeudamientoremunerado de la autoridad monetaria. Sin embargo, desde el ministerio de Economía seimplementaron políticas que, si bien tuvieron impactos más que moderados en términosde inflación, generaron un enorme perjuicio futuro a la economía y al bienestar de lagente.

Un claro ejemplo fueron las restricciones a la exportación de carne y los precios
máximos que se instrumentaron a partir de marzo. Advertimos entonces que con ello se
estaba reduciendo la demanda de ganado justo cuando la oferta se incrementaba por la falta de pasto en los campos durante el invierno. Eso bajó fuertemente los precios del kilo vivo y motivó la desilusión de muchos productores que decidieron liquidar suhacienda para, a partir del cuarto trimestre del año, sembrar y dedicarse a la agricultura.

Como no hay peor sordo que quien no quiere oír, las medidas se mantuvieron y las consecuencias las vemos hoy, con una menor disponibilidad de carne. Lo malo es que el
gobierno reaccionó ahora nuevamente con la profundización de los controles, por lo que
podemos adelantar que lo peor todavía no llegó. ¿Qué pasará dentro de 3 años, cuando
los terneros que hoy nadie quiere criar ni engordar tengan que llegar a los mercados
para que podamos comernos un buen asado?

Lamentablemente, este tipo de restricciones a las ventas externas y de controles de
precios se han incrementado durante este año. Los resultados los sufriremos a futuro, ya que estas medidas desincentivan la inversión y la asignan mal. Los precios indican a los productores qué bienes y servicios la gente necesita más y las ganancias extras que ellos generan los lleva a invertir para proveerlos. Si los precios y los costos los maneja un
funcionario, la poca inversión se dirigirá adonde lo indique “su dedo” y no
necesariamente a satisfacer las necesidades de los argentinos.

Tampoco se han resuelto los problemas que generan la escasez de combustibles, gas,
electricidad y otras prestaciones de servicios públicos. Ha pasado otro año más desde que, en 2002, el Estado quebró unilateralmente las reglas de juego y los contratos de estas empresas. Cinco años después, todavía no hay vistas de que se reestablezcan.

¿Alguien cree que habrá inversión hoy para producir dentro de tres años, si aún se
desconocen las condiciones que regirán en ese entonces?

El problema es que, en el gobierno, piensan que las condiciones de prestación de los
servicios públicos y sus tarifas deben ser un mero instrumento para la prioritaria
distribución de la riqueza. Por ende, debe ser un funcionario el que fije esas reglas de juego y a quiénes, cuándo y cuánto se les aumentarán los servicios. Pierden de vista que solamente un “boom” de inversiones en el sector garantiza el acceso de los que no gozan de estas prestaciones, en general los más pobres. Por lo tanto, fijar reglas de largo plazo resulta la mejor forma de ayudar a los que menos tienen.

Además, para avalar los controles de precios el gobierno apela a una parte del articulado de la Ley de Abastecimiento que está suspendida desde 1991 y solamente puede
aplicarse si el Congreso la reestablece por una Ley de Emergencia de Abastecimiento.

¿Alguien se preguntó por qué nadie reclama ante esta ilegalidad y todos los empresarios
la acatan? Porque un Estado que no reconoce límites republicanos ni constitucionales en
el ejercicio de su poder tiene una gran capacidad de daño, si sus funcionarios deciden tomarse represalias. Ahora bien: los empresarios acatan pero invierten lo mínimo necesario.