Desde el momento mismo en que se conoció la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, dictada tras toda una serie de irregularidades, que permite a Daniel Ortega presentarse a la reelección, comenzaron las protestas contra el fallo judicial.Los partidos de oposición, la sociedad civil organizada y el sector empresarial más fuerte de Nicaragua ahora han unificado criterios y acciones contra lo que llaman “pretensiones dictatoriales” de Ortega.

Tras el fallo que le permite volver a presentarse

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), junto al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), firmaron una declaración en el que también crean cinco comisiones, aunque no definieron las acciones de cada una de ellas, según informa El Nuevo Diario. La comisión legislativa estará enfocada en que los partidos de la oposición retomen el control de la Asamblea Nacional a través de la Junta Directiva del Parlamento, donde son mayoría, para que primen los puntos de agenda “que convengan a los intereses de Nicaragua“.

La Junta Directiva del Parlamento está compuesta por tres sandinistas y cuatro opositores, sin embargo, éstos aún no tienen la mayoría simple de 47 votos en la Asamblea Nacional. El ex presidente nicaragüense y líder del PLC, Arnoldo Alemán, dijo que “por allí están dos diputados” sin precisar a quién se refería. Los firmantes de la declaración crearon también una comisión política que evaluará la situación y tomará medidas. Además se establecen otras tres: una jurídica, una de movilización de la población y una de asuntos internacionales, para denunciar “el remedo” de sentencia.

Llamamiento a la población

La declaración dice: “Hacemos un llamado a todos los ciudadanos comprometidos por la democracia, en particular al sector privado, a la sociedad civil organizada y a las organizaciones gremiales, a expresarse enérgicamente  y manifestar cívicamente su rechazo ante esta nueva expresión de las pretensiones dictatoriales del presidente Daniel Ortega“. EN otro punto, el texto declara “acoger con beneplácito el pronunciamiento enérgico de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia respetuosos del Estado de Derecho, condenando el golpe de Estado del orteguismo e instar a los miembros de la Sala Constitucional que no participaron en este asalto a la institucionalidad, a que se pronuncien por escrito ante la nación y la comunidad internacional, condenando, rechazando y desconociendo la ruptura del orden constitucional”.