Dos no se entienden si uno no quiere, pero en este caso no será por falta de estímulos. Naciones Unidas lo intenta una y otra vez en el Sáhara con el Plan Baker.

DIPLOMACIA FALLIDA, DE MOMENTO
James Baker, representante especial del secretario general de la ONU para el
Sáhara Occidental desde 1997, es texano y su carrera está ligada a la de George
Bush padre. Con él ocupó la Secretaría de Estado y la Jefatura del Gabinete de
la Casa Blanca.

El plan que presentó para tratar de superar la difícil
situación del Sáhara, consiste en convertir la región en una autonomía
dependiente de Marruecos con competencias educativas, culturales y de recursos
pesqueros, pero no en materia de asuntos exteriores, defensa, interior,
seguridad, finanzas, moneda, aduanas y comunicaciones.

Para ello se
precisarían dos procesos electorales distintos: el primero para nombrar la
Autoridad del Sáhara Occidental, que sería el gobierno autonómico que
administraría la zona junto con Marruecos y, a los cinco años, el segundo
consistiría en una votación para decidir si se quiere seguir con ese sistema de
gobierno u optar por la autodeterminación, postura que Marruecos rechaza. El
reino alauí sigue defendiendo la primera versión del Plan Baker, que contemplaba
una autonomía limitada para un Sáhara que siempre quedaría bajo soberanía
marroquí.

Mientras, el Frente Polisario, partido político que representa
a los refugiados saharauis exiliados en Tinduf (Argelia) aceptó estudiar este
plan, que ha abierto una nueva vía para una solución pacífica y negociada a este
largo conflicto que ya dura 28 años.

El referéndum que no llega


El gran problema operativo es, sin embargo, bien distinto y casi
colateral al Plan Baker. En 1991 se decidió convocar un referéndum en el que se
decidiría el futuro del Sáhara. Desde entonces, Marruecos ha hecho todo lo
posible por boicotear el trabajo de la Minurso, el organismo de la ONU encargado
de elaborar el censo.

En su momento, con su aceptación del Plan Baker el
Frente Polisario cedió a las exigencias del Gobierno marroquí para que
participaran en las votaciones las personas que hubieran residido de forma
continua en el Sáhara Occidental desde el 30 de diciembre de 1999, con lo que se
aseguraban la inclusión de las comunidades de marroquíes desplazadas a la zona,
que suponen unas 130.000 personas. Junto a ellos, podrían votar los mayores de
18 años reconocidos como votantes saharauis por la Minurso hasta el 30 de
diciembre de 1999 (unos 86.000 electores), los refugiados de Argelia y otros
países inscritos en las listas de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados) hasta octubre de 2000 (unos 160.000).

Para muchos
sectores el plan de Baker no es más de una adaptación de la propuesta elaborada
por Marruecos a instancias de Kofi Annan . Esta proposición excluye
explícitamente la opción de la independencia. En muchas ocasiones se ha alertado
sobre la posible “palestinización” del Sáhara, ya que el plan incluye armar a
las dos partes en conflicto.

El plan Baker se inspira, en realidad, en
una propuesta elaborada por Marruecos, a instancias del secretario general de
Naciones Unidas. Kofi Annan animó a Rabat, en febrero del año pasado, a preparar
una oferta en la que estuviese “dispuesto a ofrecer o apoyar alguna devolución
de la autoridad gubernamental para los habitantes o antiguos habitantes” del
Sáhara Occidental. Según la iniciativa marroquí, en la consulta popular queda
prohibido expresamente lo que Rabat llama “secesión”, es decir, la opción de
independencia.