La nación boliviana sufre unos las más grande crisis que recuerde su historia.
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Jueves, 16 de julio 2026

La nación boliviana sufre unos las más grande crisis que recuerde su historia.
Editorial
La nación boliviana sufre una de las más grandes crisis que recuerde su historia, en la cual se está resquebrajando no sólo el tejido social de la sociedad boliviana sino también su identidad nacional, amenzada por la crisis de los regionalismo autonómico.
Entre las causas y los responsables de esta gravísima crisis se destaca el ascendiente movimiento indígena y cocalero liderado por Evo Morales, con una protesta revolucionaria, racista y excluyente.
Luego, es notoria la decisión autonómica de las regiones orientales como Santa Cruz de la Sierra y Tarija que, además de tal pretensión, manifiestan su ausencia total de cohesión con el resto del país.
Finalmente, no existe ninguna fuerza política aglutinadora como lo fue en el pasado el Movimiento Nacionalista Revolucionario que realizó un gran esfuerzo de unificación en el año de 1952.
A esto hay que sumar la grave crisis de los poderes parlamentarios. En primer lugar, la que ahonda al Poder Legislativo, que, luego de casi un año de gestación, finalmente dio a luz una fallida Ley de Hidrocarburos que no consiguió aglutinar a los sectores sociales y que incluso es rechazada por el Gobierno.
La Ley de Hidrocarburos, la convocatoria al referéndum autonómico y la Asamblea Constituyente, son los temas que más ampollas levantan y donde más se verifica la ausencia de un centro de poder que decida, que tome decisiones y las lleve a cabo hasta sus últimas consecuencias.
Esto nos enlaza con la crisis del Poder Ejecutivo, encarnado en la figura de débil liderazgo ejercida por Carlos Mesa. El presidente no tiene la fuerza necesaria para crear una hegemonía en torno a un plan de gobierno para paliar la crisis. Al mismo tiempo, sus constantes idas y vueltas han originado que su autoridad como cabeza del Estado no sea respetada.
Lo más preocupante es que la misma inestabilidad se respira en Perú y Ecuador, lo cual es un llamado urgente a la OEA, para que establezca una política de consenso que permita estabilizar la región andina de Sudamérica.
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