El Primer Mandatario ha logrado gobernar con el apoyo de la población que se desencantó de los partidos políticos producto de la dimisión de Sánchez de Lozada, por los conflictos del 2003. Al mismo tiempo, ha desafiado a la clase política para encarar una gestión sin alianzas partidarias.

René Quenallata Paredes
Mantener la gobernabilidad se ha constituido para el presidente Carlos Mesa como
el principal objetivo de su administración que ha soportado señales de oposición
de los poderes Legislativo y de las organizaciones sociales y cívicas que exigen
autonomías regionales.

Según el criterio de parlamentarios, el gobierno
de Mesa se desenvuelve en medio de la incertidumbre política, social y económica
que reina en Bolivia, sin concretar hasta ahora ningún punto de la denominada
“agenda de octubre”, que heredó tras la dimisión de Gonzalo Sánchez de
Lozada.

El referéndum se efectuó, como lo prometió, pero no tiene su
complemento, la Ley de Hidrocarburos; la Asamblea Constituyente está en
preparación y muchos dudan de que se efectúe el 2005, y, entre los asuntos más
urgentes, el juicio a Sánchez de Lozada fue autorizado pero sigue demorando.


El Primer Mandatario ha logrado gobernar con el apoyo de la población
que se desencantó de los partidos políticos producto de la dimisión de Sánchez
de Lozada, por los conflictos del 2003. Al mismo tiempo, ha desafiado a la clase
política para encarar una gestión sin alianzas partidarias.

Luego de las
elecciones municipales del 5 de diciembre, la administración de Mesa ha enfocado
su interés en lograr el respaldo de los líderes regionales para su gestión,
aunque no dejó de lado un acercamiento con los partidos políticos para trabajar
en una agenda conjunta que permita llevar a cabo la Asamblea Constituyente.


Además, el próximo año, el gobierno deberá convencer a los trabajadores
del congelamiento de salarios, a las regiones con las autonomías, realizar la
elección y funcionamiento de la Constituyente y promulgar la nueva Ley de
Hidrocarburos, entre otros aspectos.

Durante la gestión que acaba, los
políticos desde el Legislativo han mostrado oposición a Mesa en varios temas
medulares. La modificación del proyecto de la Ley de Hidrocarburos, la censura a
uno de sus ministros, el rechazo al proyecto de Presupuesto General de la Nación
para el 2005 y objeciones a las designaciones interinas, entre otros temas, han
dejado al Ejecutivo contra la pared.

Entre esos asuntos, destaca el
fallo del Tribunal Constitucional que desconoció la designación interina de
autoridades judiciales que Mesa efectuó por Decreto Supremo, en agosto, con
repercusiones que perduran hasta ahora.

El presidente de la Cámara de
Diputados, Mario Cossío, reconoció que las relaciones entre el Ejecutivo y el
Legislativo están malogradas a raíz de la soberbia y la manera inconsulta con la
que opera el Jefe de Estado.

El gobierno está pagando la factura de las
pésimas gestiones anteriores, que prometieron todo sin dar nada a cambio, y
ahora cosecha la falta de autoridad y respeto a las leyes que los diferentes
sectores sociales patentan, cuando exigen demandas justas o fuera de lugar,
generando incertidumbre y la exposición peligrosa de la estabilidad del país.


Estas demandas radicales van desde pedir la posesión de una autoridad de
su afinidad, la renuncia de cualquier miembro del Ejecutivo, aumento salarial,
restitución de su fuente de trabajo, no pagar impuestos, reclamos regionales,
hasta exigir la nacionalización de los hidrocarburos.

Con toda esta
ensalada de conflictos, analistas, políticos y gente de a pie se ha preguntado
hasta cuándo durará la gestión de Carlos Mesa y si será capaz de responder a la
serie de exigencias que se asemejan al lamentable proceso de la populista Unidad
Democrática Popular, de Hernán Siles, que se derrumbó precisamente por falta de
apoyo político y por demandas imposibles de cumplir.

Paulatinamente, Mesa
va perdiendo la simpatía coyuntural que la población le regaló, de hasta el 78
por ciento, producto de los nefastos días de octubre del 2003, y las encuestas
lo muestran con un respaldo apenas superior al 50 por ciento, aunque es un nivel
que envidian presidentes de otros países de la región.

El gobierno no ha
visto otra alternativa que ceder a las demandas y caprichos de los diferentes
sectores para evitar mayores conflictos. En muchos casos deja pasar los
reclamos, quizá sin darse cuenta, que todo va en crecida, desde los paros,
bloqueos y manifestaciones, hasta la subida de precios de productos de primera
necesidad.