Hoy, Bolivia enfrenta la disyuntiva de ceder a las presiones de quienes pretenden imponer su propia agenda política, o por el contrario, asegurar la continuidad de su democracia, recuperada y mantenida con esfuerzo desde 1982.

Opinión: Enrique Bernales Ballesteros
Bolivia no es un caso aislado. En Ecuador, Lucio Gutiérrez, acorralado por sus propios desaciertos y por el vaivén de alianzas coyunturales y mayorías efímeras, pateó el tablero del juego democrático, forzando la recomposición de la Corte Suprema, en una medida que, además de ser inconstitucional, ha agravado más la crisis política.

Colombia y Venezuela, con sus propios y agudos problemas, mantienen una relativa estabilidad democrática, mientras que Chile es la rara avis de la región, con una economía consolidada, su estabilidad democrática garantizada y en franco desmantelamiento de las herencias del autoritarismo pasado. ¿Dónde ubicamos al Perú? Lamentablemente, el desempeño democrático de nuestro país no está lejos del mismo nivel de precariedad que en Bolivia y Ecuador.

Las confrontaciones históricas entre regiones y capitales, la postración de las poblaciones indígenas y campesinas y la persistencia de severas crisis (desigualdad económica, corrupción, debilitamiento institucional, entre otras) se han aliado al desgaste del sistema político, hasta provocar una situación social de profunda distancia y a veces negación del Estado. Este distanciamiento explica, en parte, los cuestionamientos que sufren los presidentes en su legitimidad.

En estos países, la democracia no ha alcanzado un grado de desarrollo equiparable a la noción que de ella tenemos. Como señala el Informe Anual 2005 de la Comisión Andina de Juristas, “las insuficiencias de la democracia en los países andinos generan desde hace algunos años descontento popular y violencia, pero también el desprestigio de los poderes del Estado, las instituciones públicas y los partidos políticos”.

En consecuencia, no es difícil encontrar rasgos y tendencias comunes con sus matices, desde luego en los tres países. Por ello, lo que actualmente acontece en Bolivia y en Ecuador, debe ser una señal de alerta de lo que puede ocurrir en el Perú si se dan ciertos determinantes de índole social y política.

En efecto, el déficit de legitimidad de los gobiernos que arrastra consigo al sistema democrático, no es consecuencia solo del fracaso de políticas cortoplacistas y del hastío frente a la lógica clientelista de los partidos políticos; si algo es notorio en Bolivia y Ecuador es la eclosión de un movimiento de base indígena y campesina que capitalizó la escasa presencia del Estado y el desencanto derivado de la histórica marginación que este sector ha soportado, logrando articular un contingente social cohesionado que, apelando a demandas y estrategias políticas radicales, ha sido capaz de derrocar a un presidente en Ecuador (Mahuad) y a otro en Bolivia (Sánchez de Lozada).

En el Perú, tal cohesión aún es incipiente, pero, tal como sucedió en Bolivia, la presión del movimiento cocalero puede catapultar una propuesta política radical que enarbolando las banderas de la exclusión, pondría en jaque la estabilidad del sistema democrático. Incorporar a estos movimientos en una dinámica política que apueste por el desarrollo y la modernidad en democracia, consolidándola como sistema, debe significar, en los países andinos, tanto una permanente y periódica sucesión de autoridades democráticamente elegidas, como efectivos mecanismos de participación y control del poder.

Para que la democracia deje de ser lejana y difícil, será entonces necesario incluirnos todos en el esfuerzo por construir desarrollo humano y alcanzar cimientos institucionales que hagan realidad la soberanía del ciudadano.

Fuente: El Comercio (Ecuador)