Gabriela Calderón

Luego de que el Gobierno botó a la Oxy y las negociaciones del TLC colapsaron, de un solo golpe se derribó la más prometedora alternativa de desarrollo para el país.

Pero lo hecho, hecho está. Ahora, hay que ver cómo salimos de este atolladero.

Podríamos seguir el camino de Bolivia procediendo a nacionalizar el sector de hidrocarburos. Luego de una vistosa nacionalización, Palacio podría proceder a redistribuir millones de hectáreas de tierra, violando así los derechos de propiedad de muchos ecuatorianos. También podría unirse a la campaña a favor del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) en busca de una integración exclusivamente sudamericana –aún cuando este mercado represente un tercio del mercado para exportaciones ecuatorianas en Estados Unidos–.

Otra opción es seguir el camino de Estonia, liberalizando el comercio unilateralmente e implementando una reforma tributaria que estimule la economía.

Actualmente en  Ecuador hay un oneroso impuesto del 12% por el valor agregado (IVA) que desalienta la producción de bienes altamente procesados y de mayor valor agregado. Además, es un impuesto administrado por burócratas centralizados, quienes saben muy poco de las condiciones locales de Cuenca, por ejemplo, como para saber cómo quisieran los cuencanos gastar la plata que han contribuido en IVA.

La reforma es sencilla. El apoyo político se obtiene aclarándoles a los gobiernos seccionales que desde ahora ellos administrarán los montos  recaudados por el IVA, generando así competencia entre ellos para prestar mejores servicios a sus ciudadanos. El apoyo popular y de los empresarios se consigue anunciando que en lugar de pagar 12% por IVA, ahora solo se les recargará el 6%.

Acompañaría a esta reforma la adopción de un impuesto a la renta personal del 10% para todos aquellos que tengan ganancias anuales de $ 15.360 o más (aquellos que ganan menos estarían exentos de este impuesto); la eliminación del impuesto a la renta corporativa, para evitar la doble tributación; y la supresión del 15% de los trabajadores en las utilidades de los negocios, toda vez que esto último constituye un injustificado impuesto sobre la renta que restringe la cantidad de empleos disponibles.

Para financiar, se eliminarían los ilegítimos subsidios al gas y al combustible (de los que se aprovechan mayormente empresarios y contrabandistas) para librar los aproximadamente 2.000 millones de dólares que costarán estos en el 2006. Bajo estas condiciones, el gobierno puede financiar cómodamente esta reforma. Además, tiene que considerarse que las recaudaciones por impuestos han aumentado, mas no disminuido, en países como Estonia, Rusia y Eslovaquia que simplificaron sus sistemas tributarios.

También podríamos adoptar una apertura comercial unilateral como la de Estonia. Ecuador ya perdió la oportunidad de entrar junto con Colombia y Perú a una alianza comercial con su principal socio comercial, Estados Unidos. Pero podemos aprovechar esta situación para adoptar una política comercial más abierta aún.

La salida de la CAN es necesaria para llevar a cabo una liberalización unilateral. De no volvernos más competitivos mediante una reforma tributaria y una mayor apertura comercial, los ecuatorianos seguiremos comprando los productos más caros de nuestros vecinos en la CAN y seguiremos comprando a terceros países con el alto arancel externo común. Es decir, perderemos como consumidores y como productores. Y en diez años probablemente estaremos hablando del “fracaso” ecuatoriano.

En cambio, si nos abrimos unilateralmente, nuestra inserción en el mercado global tiene el potencial de ser más decisiva que el fracasado TLC con Estados Unidos. Este es el momento de llevar a cabo estas reformas. Hacer del Ecuador la única zona de libre comercio en Sudamérica y el país con uno de los sistemas tributarios más sencillos es una política económica que muy probablemente podría encaminarnos hacia el progreso.


FUENTE: Instituto Ecuatoriano de Economía Política