Durante la segunda quincena del pasado enero, la maltesa Roberta Metsola ha sido elegida nueva presidenta del Parlamento Europeo en sustitución del recientemente fallecido ¿recuerdan? David Sassoli. R Metsola pertenece al Partido Popular Europeo y ha mostrado siempre sin complejos sus posiciones en favor de la vida de los niños que van a nacer, y contrarias, por lo tanto, a las políticas abortistas. Este simple hecho se ha convertido en piedra de escándalo para muchos altavoces de la izquierda política que, con inaudita pretensión totalitaria, se lanzaban a degüello a desacreditar a la nueva presidenta, en el implícito de que solo aquellos que piensan como ellos están capacitados para ocupar cargos políticos. Ese tipo de reacciones, lo estamos observando con mucha frecuencia, son representativas de un grupo creciente de personas que abogan sin pudor por una cultura de la cancelación, en la que todo aquel que se salga de lo que ellos consideran la corrección política debe ser expulsado de la vida pública. Sin duda, se trata de una pretensión totalitaria.

Dignificar su trabajo

En este momento la inmensa mayoría de los cuidadores de mayores son familiares. En España la familia sigue siendo el gran soporte, como en Grecia y en Italia. Pero eso está cambiado, no hay más que repasar el descenso del número de matrimonios que se celebran. En una sociedad con más mayores, con una vida más larga y con menos vínculos familiares, el reto se incrementa. El coste de la “no familia” va a ser importante en un futuro. En España, después de la familia, los cuidadores, más bien cuidadoras, son migrantes que traen una cultura del cuidado de sus respectivos países. Ese es un gran potencial para dar cuidados de calidad a nuestros mayores. Debemos ser conscientes de la gran aportación que hacen los migrantes en este campo, facilitar las llegadas seguras, agilizar las regularizaciones y apostar por su formación. Pienso que es necesario dignificar su trabajo.

La cohesión social tras la Covid-19

Es un hecho que la pobreza socioeconómica genera conflictos familiares, provoca exclusión social, compromete la cohesión y amenaza la estabilidad, situación en que nos podemos encontrar tras la pandemia de la Covit-19. El diagnóstico que hacía la fundación Foessa es preocupante y los desafíos y retos son enormes. Reforzar las prestaciones sociales y los servicios públicos es un deber de justicia, como lo es generar las condiciones que activen la creación de empleo, reducir la brecha educativa o facilitar el acceso a la vivienda. Y tan importantes y urgentes como estos son generar redes comunitarias de apoyo y fortalecer la acción comprometida de la sociedad civil. Velar por la cohesión social es deber del Estado, pero también lo es, no lo olvidemos, de una sociedad consciente de sus deberes.

Propuesta grave e inquietante

Resulta significativo que la iniciativa de Enmanuel Macron, la inclusión del aborto en la Carta Europea de Derechos, lo anunciara en el Parlamento Europeo justo al día siguiente de que tomara posesión de su presidencia la maltesa Roberta Metsola, cuya defensa de la vida y consiguiente oposición al aborto han causado revuelo en algunos sectores que se autodenominan “progresistas”. Es bastante probable que Macrón no consiga el consenso necesario para que se apruebe su propuesta, pero con ella trata de atraer a su candidatura presidencial a la galaxia del feminismo radical y a los diversos progresismos huérfanos de referencias políticas en el panorama francés actual. En todo caso, según mi parece y pensamiento, la propuesta de Macron es grave e inquietante, por su contenido y porque fractura la unidad europea en un asunto de gran calado ético y decisivo para la identidad de la Unión Europea.

No es una fuerza política más

La relación que el sanchismo ha entablado con Bildu tiene consecuencias muy serias, lo estamos viviendo estos días con la imposición del vaso en las escuelas. El PSOE persigue mantener su estabilidad parlamentaria. El segundo, alcanzar su legitimidad política e histórica mediante pactos con el Gobierno de España. Los acuerdos de Sánchez con Bildu, trasladados en un futuro no muy lejano a Euskadi, pretenden limpiar de un plumazo el pasado terrorista de Otegi y sus compañeros. Y todo con un único fin: garantizarse el poder en Madrid y perpetuarse al frente del PSOE. El problema es que la falta de escrúpulos del presidente del Gobierno afecta al corazón de la democracia española. Bildu no es una fuerza política más, sino un partido político orgulloso de su herencia etarra.