Quizá estemos pagando el pato de la célebre transición digital los que pensábamos con candor angelical que los problemas que nos traería la modernidad tecnológica se ocuparía ella misma de arreglarlos, personalmente soy uno de los sufridores. Pues va a ser que no, al menos en este asunto en apariencia tan trivial. Infinidad de material que en otro tiempo estaría organizado en sencillos cuadernos colocados en una estantería de la salita de estar ya no existe por obra y gracia de ese espejismo informático que continúa cautivando hasta cuando genera incordios como el que describo.

Algo que era de coser y cantar se ha convertido por esa ridícula fascinación electrónica en una gaita. Aunque hagamos muchas más fotos que ayer, tantas de ellas superfluas, su conservación provoca inconvenientes que no existían en los simples álbumes, al tener que guardarlas en nubes que no son gratuitas, cuando no en lápices de memoria que nunca sabes lo que te pueden durar o dónde demonios los has metido, o vagando de ordenador en ordenador con un coste cada vez mayor de almacenamiento, y sin contar el precio añadido de la electricidad, cercano al del caviar iraní.

Estas cosas, insisto, no se daban en aquel malhadado mundo analógico. Y vivíamos tan ricamente. Ahora, en cambio, nos hemos empeñado en crear dificultades donde no las había, justo por ese extendido papanatismo 5.0 del que cuesta escapar, sobre manera a los incapaces de advertir que no todo el monte es orégano y que una prudencia elemental aconseja siempre abrazar novedades solo cuando superan lo que tenemos o conocemos.

Sin defender tendencias neoluditas o tecnofóbicas, bien haremos en desenmascarar el acentuado cretinismo que acompaña a determinados avances, en particular a aquellos que aceptamos a diario como verdad revelada cuando no son sino retrocesos o camelos como la copa de un pino.

Además de la crisis diplomática y migratoria con Marruecos, el llamado caso Gali amenazaba con una tormenta política y jurídica como secuela de la estancia en España del líder del Polisario, por aparentes razones humanitarias. Como consecuencia del empeño de un juez de Zaragoza por aclarar las circunstancias de la confusa entrada del político saharaui en territorio español, la que fuera ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se ha visto imputada por haber autorizado el vuelo secreto de un avión argelino que trajo a Brahim Gali a nuestro país. Pero es evidente que cualquier decisión que tome un ministro, sobre todo a sabiendas de que puede vulnerar la legalidad vigente y afectar a un tratado internacional, tiene que contar con la autorización del presidente del Gobierno. No obstante, por las razones que sean, parece que todo eso ha quedado obviado y al caso cerrado.

Las políticas activas de empleo en nuestro país, en las que nos gastamos mucho dinero, todo hay que decirlo, no ayudan a los jóvenes parados a encontrar trabajo. A todo eso hay que añadir que el mundo de la empresa y el mundo de la formación, salvo honorables excepciones, están tradicionalmente separados. Algo de esto pretende solucionar el nuevo proyecto de ley de formación profesional, y la intención de vincular la renovación de los ERTES a la formación. Pienso que en principio, son medidas interesantes, pero lo esencial no es que haya más formación, sino que esa formación sirva realmente para encontrar empleo. Y para eso hay que estar muy cerca de las empresas y muy cerca de los jóvenes.

La campaña para limitar al máximo la objeción de conciencia de los médicos, se puede apreciar que está apoyada por informaciones en diversos medios nacionales e internacionales, en las que se narra de forma sesgada y generalmente emotivista la experiencia de mujeres que habrían tenido dificultades para abortar. Lo cierto es que los casi 100.000 abortos practicados en España cada año no reflejan especiales dificultades.

Si el derecho existe para tutelar la vida y la convivencia social, la protección legal de la conciencia de los médicos es la garantía de la libertad en el ejercicio de la profesión. Objetar es un derecho frente a una ley que se considera injusta por razones morales, y pienso que acabar con dicha protección es propio de los Estados totalitarios. Parece claramente que el gobierno ya plantea el siguiente capítulo en su estrategia de fractura social.

El Smartphone es adictivo. Al igual que un supermercado está diseñado para hacernos comprar mucho más de lo que necesitamos, la pantalla del teléfono móvil está organizada para que podamos pasar el mayor tiempo posible mirándola. Todo tiene como objetivo mantenernos enganchados, explotando nuestras características psicológicas. Podemos hablar de una verdadera ingeniería de la adicción. Caer en un estado de dependencia es, por lo tanto, bastante fácil cuando las mayores industrias informáticas del planeta están trabajando para lograrlo.

Un nivel más preocupante de contenido adulto con el que un niño con un teléfono móvil entra inevitablemente en contacto es el de las fotos y vídeos pornográficos, accesibles en unos pocos clics a cualquier edad. El consumo de pornografía es adictivo y sustituye la imaginación romántica que todos hemos alimentado desde la adolescencia por algo mucho más crudo y material, la satisfacción inmediata de un instinto de una manera aparentemente simple. También ayuda a alimentar la demanda -por tanto, el mercado- de formas de prostitución y explotación que ciertamente cualquiera condenaría.